El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, amenazó con un nuevo cierre vehícular en el centro de Lima ante una nueva movilización nacional promovida por Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP).
La protesta, anunciada para el sábado 27 de junio, se organiza en respuesta a las denuncias sobre presuntas irregularidades en los resultados de la segunda vuelta electoral.
“Toma de decisiones que son difíciles, severas, que mortifican a un determinado número de compatriotas, que sobre todo están en el Centro de Lima, que se ven afectados por el cierre que hemos dispuesto, que lo tendríamos que hacer en la medida en que si se genera un peligro mayor, pues tendremos que adoptar esas medidas”, declaró Reggiardo a los medios.
El burgomaestre remarcó que la responsabilidad de estos cierres recae en quienes promueven las manifestaciones. “Los responsables de estos cierres de calles son los que promueven las movilizaciones”, puntualizó en diálogo con la prensa.
En paralelo, explicó que ya sostuvo una reunión con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para plantear la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, liderada por un especialista, y subrayó que el tema debe abordarse de forma multisectorial y simultánea.
“Es multisectorial el tema y requiere ser trabajado de forma simultánea y paralela… Seguramente el Gobierno entrante tendrá que formar ya su gabinete”, indicó.
Roberto Sánchez anunció que acudirá a instancias internacionales y convocó a una movilización bajo el lema de la resistencia democrática.
“Llamamos al movimiento social, a las fuerzas democráticas, a recuperar la democracia para el Perú, a que no tengamos cinco años más de captura de la democracia, de las instituciones, como en el gobierno parlamentario de la señora Fujimori viene ocurriendo. Llamamos a la resistencia democrática a nuestras regiones, a todo el Perú”, expresó Sánchez en conferencia de prensa.
El proceso electoral, aún sin conteo oficial cerrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), vive una etapa de alta tensión. El margen entre los dos principales candidatos es de aproximadamente 40 mil votos.
Sánchez advirtió que su agrupación no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no garantiza la seguridad jurídica y el respeto a la normativa electoral.
“Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Por ello, nosotros, ¿qué decimos? En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, afirmó el candidato.
En medio de este escenario, la asociación civil Transparencia difundió un comunicado rechazando los discursos que buscan deslegitimar el proceso electoral. La organización, con presencia en más de diez ciudades fuera del país, afirmó que no encontró irregularidades que comprometan la integridad de la jornada. Transparencia enfatizó que la democracia exige respeto a las reglas del proceso y a la voluntad ciudadana, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
La pugna política también generó un debate sobre la coherencia de los discursos en torno a la transparencia electoral. Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, quienes demandan ahora la nulidad del voto extranjero, habían defendido la transparencia institucional durante la primera vuelta.
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