08/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/11/2026
El Ejecutivo oficializó el Decreto Legislativo N.° 1742, primera norma emitida tras recibir las facultades del Congreso de la República por 90 días. Este dispositivo autoriza la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales en emergencia, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP).
La norma fue promulgada el 7 de noviembre por la presidenta Keiko Fujimori y confirmada por el titular de la PCM, Luis Galarreta, junto a los ministros Rafael Belaunde (Ministerio de Defensa), César Astudillo (Ministerio del Interior) y Ernesto Álvarez (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
Ante ello, los militares vigilarán torreones, instalarán puestos de control, apoyarán en traslados de reos y neutralizarán drones, mientras la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sancionará sobrevuelos no autorizados. También operarán inhibidores de señales y desmontarán antenas ilegales en centros juveniles y penales para prevenir el delitos del Código Penal.
«La finalidad del presente decreto legislativo es fortalecer la seguridad y el control en los establecimientos penitenciarios comprendidos en una declaratoria de estado de emergencia, mediante la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa», se lee en el Decreto Legislativo.
No obstante, la actuación militar ejercerá bajo los artículos 44, 104 y 137 de la Constitución y el Decreto Legislativo N.° 1095, a diferencia del Decreto Legislativo N.° 1186, la norma fija un plazo de cinco días calendario para definir las zonas de influencia penitenciaria. Además, modifica la Ley N.° 30740 sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS).
La medida responde a la situación del Sistema Nacional Penitenciario, declarado en emergencia por el Decreto Supremo N.° 014-2024-JUS. A agosto de 2026, las cárceles registraban más de 107 mil internos frente a una capacidad de 42 mil plazas, albergando a 494 internos vinculados a 217 organizaciones criminales, incluidas facciones del Tren de Aragua.
«Prometimos un uso firme y contundente de las facultades legislativas y este primer decreto lo demuestra. Sumamos a las Fuerzas Armadas a la tarea de recuperar el orden en las cárceles y cortar de raíz el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las conexiones que mantienen los criminales con el exterior», dijo Luis Galarreta a través de la nota de prensa.
Cabe mencionar que el decreto complementa la ampliación del estado de emergencia hasta enero de 2027, bajo los Decretos Supremos N.° 128-2026-PCM y N.° 148-2026-PCM, en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y El Milagro o Trujillo Varones (La Libertad), además de la construcción de dos nuevas prisiones en Huacho.
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