Una vez más, un bus de transporte público fue atacado en el sur de Lima Metropolitana. Esta vez, una unidad de la empresa La 91 recibió al menos seis impactos de bala cerca de las 18:00 del martes 3 de noviembre.
El atentado, presuntamente perpetrado por una organización criminal vinculada a la extorsión y al cobro de cupos, ocurrió en la avenida Guardia Civil, a la altura del cruce con la calle Meteoros. Según las autoridades, el lugar es considerado un punto estratégico por la conexión con las avenidas Guardia Peruana y El Sol.
Aunque no existe una confirmación oficial, videos difundidos en redes sociales muestran que una persona habría recibido uno o más impactos de bala. Hasta el momento, se desconoce su identidad y si se trata de un trabajador de la empresa de transporte o de uno de los pasajeros.
El tránsito en la zona permanece restringido a la espera de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público. Ambas instituciones realizarán las diligencias en el lugar e iniciarán las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque.
Comando unificado
A pesar de la gravedad de este atentado, el discurso del Ejecutivo insiste en proyectar un control de seguridad que choca violentamente con la realidad. El Ministerio del Interior (Mininter) y la PNP habrían desplegado un “Comando Unificado” destinado a resguardar los corredores viales y proteger a los transportistas de las extorsiones.
Según las autoridades, un gran despliegue táctico que incluye a la Unidad de Emergencia “Los Halcones”, efectivos de la USE, patrullajes motorizados opera desde las 5:00 a. m. Con este accionar, aseguran haber convencido a empresas extorsionadas de reanudar sus operaciones bajo la promesa de una supuesta “protección total” y capacidad de disuasión.
La extorsión contra el transporte urbano en Lima y Callao ya provocó que 93 choferes y cobradores sean asesinados al cierre de octubre de 2026, según cifras citadas del Ministerio Público.
Entre enero y septiembre se registraron cerca de 160 atentados armados y más de 115 heridos, incluidos pasajeros. El 97% de los ataques involucró armas de fuego y, en ocho de cada diez casos, los agresores se movilizaron en motocicletas.
Los gremios aseguran que el cobro de cupos, que oscila entre S/ 10 y S/ 20 diarios por unidad, además de pagos de hasta S/ 30.000 por empresa, ha provocado la paralización del 30% de la flota metropolitana por renuncias de conductores y temor a nuevos ataques.
Aunque existe coincidencia en que las medidas estatales no han frenado la violencia, las organizaciones discrepan sobre convocar un nuevo paro. Héctor Vargas, de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, rechaza una huelga y plantea una unidad de élite con trabajo de inteligencia a mediano plazo.
La CTU espera una respuesta a su pedido de audiencia con el Ejecutivo, pero advierte que la mayoría de sus gremios respaldaría una paralización antes de fin de año. Martín Valeriano, de Anitra, considera inevitable una medida de fuerza ante la falta de resultados.
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