30/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/10/2026
El diputado de Fuerza Popular, Diethell Columbus, consideró viable la construcción en el Perú de dos megacárceles inspiradas en el modelo del CECOT de El Salvador. Como se sabe, esta iniciativa fue anunciada por la presidenta Keiko Fujimori luego de realizar una visita oficial a dicho país centroamericano.
El parlamentario indicó que concretar este proyecto requiere decisión política y el respaldo de las bancadas del Congreso. Asimismo, sostuvo que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad nacional y exhortó a lograr la unidad de las agrupaciones dispuestas a apoyar las medidas del Ejecutivo.
Respecto al enfoque de las políticas de seguridad, el legislador defendió que el Estado priorice la integridad de los ciudadanos afectados por la delincuencia, tales como los trabajadores del transporte público y sus familias.
No obstante, cuestionó a las organizaciones que, según su interpretación, centran sus reclamos en los derechos de los delincuentes en lugar de proteger a la población.
«El gobierno tiene que preocuparse primero por la integridad, ¿de quién? Del conductor de transporte público cuya mujer, cuyos hijos le dicen, amor, papá, no salgas, por favor, porque no sabemos si vas a regresar. Mientras nosotros nos estamos preocupando por la integridad del ciudadano de bien, tenemos, pues, a las viudas de la delincuencia que están diciendo… ¿Y los derechos humanos del criminal, del sicario?», dijo Diethell Columbus.
Ante ello, reiteró que la propuesta de edificar los dos recintos penitenciarios bajo el esquema salvadoreño es posible si existe voluntad entre las autoridades. De esta manera, el congresista respaldó las gestiones realizadas por la jefa de Estado.
Por otro lado, durante sus declaraciones a la prensa, el diputado sostuvo que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben asumir un papel más activo dentro de la reforma del sistema de justicia.
A su juicio, en la actualidad existe un tratamiento que calificó como «blandito» frente a las personas que cometen delitos.
En esa línea, también cuestionó una norma aprobada en 2017 que, según afirmó, permitió el ingreso de ciudadanos extranjeros al país mediante una declaración jurada, sin exigirles antecedentes penales o judiciales.
El legislador vinculó directamente dicha disposición con la entrada de integrantes de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Finalmente, planteó revisar la normativa vinculada con la legítima defensa en el ámbito legal vigente.
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