Un gran jurado federal de
El documento, presentado este 8 de octubre ante el
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El gran jurado sostiene que, entre 1999 y 2025, miles de venezolanos fueron hostigados, detenidos arbitrariamente, procesados, agredidos, torturados o asesinados por agentes del Estado venezolano con el propósito de garantizar la permanencia de Maduro en el poder. La represión se intensificaba, según el documento, durante los períodos de mayor inestabilidad política.
Maduro ordenaba los métodos de tortura y recibía actualizaciones sobre los presos
El texto del gran jurado describe a
Ante la noticia de que un detenido se negaba a hablar, el mandatario hacía una señal con las manos —simulando apretar algo— y decía “apriétenlos más fuerte”, según consta en el documento.
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Flores de Maduro, por su parte, es señalada como arquitecta del sistema de represión: ayudó a diseñarlo y ordenó que individuos fueran torturados para proteger las actividades ilegales de miembros de su familia.
La acusación también señala a dos funcionarios venezolanos de alto rango, identificados como CC-1 y CC-2, que habrían ejecutado o coordinado directamente los tormentos, y a un tercero, CC-3, que desarrolló métodos de tortura que presentó a Maduro para su aprobación.
Descargas eléctricas, ahogamientos simulados y amenazas a hijos de prisioneros
La acusación detalla con precisión los métodos empleados. Un oficial militar venezolano —identificado como Víctima-2— fue secuestrado en noviembre de 2013 por órdenes de Maduro, sometido a dos días de interrogatorios durante los cuales recibió unas 20 descargas eléctricas con un cable vivo, fue golpeado en piernas, espalda y cabeza, suspendido de manos y pies hasta perder el conocimiento, y sumergido boca arriba unas 30 veces para simular el ahogamiento.
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Luego fue trasladado a un campamento controlado por las
Otro caso documentado es el de la Víctima-4, detenida en enero de 2018. Durante el interrogatorio, CC-1 —un alto funcionario venezolano—
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Los agentes le aplicaron descargas eléctricas en los costados, pies y genitales mientras CC-1 permanecía en las cercanías, mirando su teléfono. Ese mismo disidente fue posteriormente asesinado en una operación de las fuerzas de seguridad, según la acusación, después de que CC-1 transmitiera órdenes de Maduro para ejecutarlo.
Ciudadanos estadounidenses también fueron víctimas de torturas
La acusación registra casos de ciudadanos de
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La
El Cártel de los Soles y la red de narcotráfico con las FARC y el ELN
La acusación reformulada retoma y amplía los cargos por narcotráfico del instrumento anterior. Según el gran jurado, ya desde 2006 Maduro y Flores de Maduro usaban a miembros de sus escoltas de seguridad para supervisar el transporte regular de cargamentos de cocaína de entre 1.000 y 2.000 kilogramos, con la cobertura de la
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Poco después de la muerte de Hugo Chávez, en 2013, Maduro y Flores de Maduro participaron en una reunión con la cúpula de las FARC para saldar una deuda de narcotráfico. Como parte del pago, Maduro acordó vender minas antipersonales y otras armas al grupo guerrillero, sabiendo que incrementarían su capacidad bélica contra Colombia. Las ventas continuaron hasta alrededor de 2015.
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la empresa estatal petrolera, fue otro instrumento del esquema: sus contratos se usaron para financiar a grupos alineados con el régimen y para facilitar el movimiento de drogas. El hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito” —imputado por separado en 2025 por tráfico de drogas y tenencia de armas—, utilizó un avión de PDVSA para transportar estupefacientes bajo protección de la GNB en la isla Margarita.
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Cinco cargos y la amenaza de decomiso de todos sus bienes
El gran jurado formula cinco cargos contra ambos acusados: conspiración de narcoterrorismo (Cargo 1), conspiración para cometer tortura (Cargo 2), conspiración para importar cocaína (Cargo 3), posesión de ametralladoras y artefactos destructivos (Cargo 4) y conspiración para poseer esas armas (Cargo 5). Los cargos uno y tres se sustentan en el Título 21 del Código de los Estados Unidos; el cargo dos, en el Título 18, secciones 2340 y 2340A.
Como consecuencia de los delitos imputados, el Estado solicitó el decomiso de todos los bienes de los acusados, directos e indirectos, obtenidos como producto de los crímenes, así como cualquier propiedad utilizada para facilitarlos. El documento lleva la firma del fiscal federal James M. McDonald.
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