El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, sostuvo que la Cámara de Diputados no tiene potestad para condicionar las decisiones del Senado. Esto en medio de la controversia sobre si la cámara alta puede modificar el dictamen de facultades legislativas ya aprobado por Diputados e incorporar materias que esa cámara no autorizó.
“El Senado como Diputados tienen sus propios reglamentos. Diputados no puede decirle al Senado qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Del mismo modo que el Senado no puede decirle a Diputados qué debe fiscalizar o qué no debe fiscalizar”, dijo Álvarez cuando se le consultó directamente si la cámara alta podría restablecer materias descartadas por el Pleno de la Cámara de Diputados.
En esa línea, el titular de Justicia aseguró que “el Senado tiene una gran misión que es diferente que la Diputados”, que se circunscribe a la iniciativa legislativa y el control y fiscalización al Ejecutivo. “El Senado tiene la misión de cautelar el bien común por encima de los criterios territoriales o de los electores en cuanto a sus conclusiones. El Senado es el defensor de la nación, de los altos intereses de la nación y el respeto a la Constitución misma. Por tanto, yo espero que el Senado no esté sujeto a la voluntad de algunos grupos de diputados, por cuanto cada cámara tiene una misión específica dentro de la Constitución”, indicó.
Ernesto Álvarez hizo un llamado al Senado. “Tenemos que asumir nuestro rol. El Ejecutivo, con las pocas herramientas que se nos ha dado, trataremos de asumir nuestro rol, de cumplir la misión que la sociedad y el electorado nos ha otorgado”, indicó.
La Cámara de Diputados aprobó el texto sustitutorio que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por decreto durante 90 días calendario en 20 submaterias, divididas en dos grandes bloques: seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. La votación final obtuvo 66 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones, tras un primer rechazo del mismo dictamen y la caída de dos propuestas en minoría presentadas por Fuerza Popular y Juntos por el Perú. El proyecto ya pasó al Senado, que debe completar el trámite bicameral antes de que el Gobierno pueda ejercer las facultades.
En seguridad ciudadana se aprobaron seis submaterias:
- Migración y nacionalidad: modificación del Decreto Legislativo 1350, el Decreto Legislativo 1130 y las leyes de nacionalidad 26574 y 32421, para fortalecer el control migratorio, el registro de información y la lucha contra el fraude en procesos de nacionalización.
- Telecomunicaciones y seguridad: cambios a los decretos legislativos 1182, 1338 y 1688 para reforzar la geolocalización de equipos móviles, el registro y bloqueo de líneas usadas ilícitamente, y las facultades de supervisión del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
- Sistema penitenciario: reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Ley de la Carrera Especial Penitenciaria, con la posibilidad de ceder cuarteles de las Fuerzas Armadas para adecuarlos como establecimientos penitenciarios.
- Responsabilidad penal de adolescentes: modificación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que incluye el internamiento diferenciado para quienes alcancen la mayoría de edad tras cometer delitos graves.
- Delitos informáticos y personas jurídicas: actualización de la Ley de Delitos Informáticos y de la norma sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas vinculadas con crimen organizado.
- Criminalidad organizada: fortalecimiento de la respuesta penal frente a extorsión, sicariato, secuestro y bandas criminales, mediante cambios al Código Penal y al Código Procesal Penal, con límites a beneficios como la terminación anticipada.
En Fenómeno El Niño se aprobaron 14 submaterias, orientadas a ayuda humanitaria directa, simplificación administrativa, digitalización estatal, financiamiento y transferencia tecnológica agraria, asociaciones público-privadas, saneamiento de predios, bienes estatales, liberación de interferencias, obras por impuestos, servicios de agua y saneamiento, régimen registral especial, bonos habitacionales y acceso al agua potable.
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