El Gobierno de Bolivia, presidido por
El ultimátum de Morales exige que el Ejecutivo abrogue antes del 3 de octubre el
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Justiniano calificó esa fórmula como una amenaza incompatible con el Estado de derecho. El ministro sostuvo que “nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley” y recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra Morales, ante las cuales corresponde que se presente ante la justicia con las garantías que establece la Constitución.
El pronunciamiento se produjo un día después de que Morales liderara un congreso de sus seguidores en el trópico de Cochabamba, la región donde permanece refugiado desde 2024. Allí calificó al Ejecutivo de gobierno corrupto y sometido a intereses extranjeros, y planteó que las privatizaciones y la entrega de recursos naturales a empresas transnacionales forman parte de un modelo que su sector rechaza de plano.
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El pulso actual se explica por lo ocurrido meses atrás. Entre el 6 de mayo y el 23 de junio,
Paz, investido el 8 de noviembre de 2025 tras poner fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo, había heredado una
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Esa decisión, sumada a un paquete posterior de diez medidas económicas, alimentó el malestar de sectores que en 2025 respaldaron a Paz en las urnas y hoy se sienten excluidos de su gestión, en parte porque el mandatario conformó su gabinete principalmente con dirigentes empresariales.
La situación judicial de Morales agrava el conflicto.
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El 20 de junio, tras 53 días de protestas,
El pulso entre Paz y Morales trasciende la disputa por el precio del diésel: enfrenta a un Ejecutivo que busca desmontar
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