El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo —el plazo máximo que permite la ley— contra los seis menores investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años.
Pasadas las 11 de la noche del viernes, la jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo, del Tercer Juzgado de Familia del Poder Judicial, formalizó la medida que el Ministerio Público había requerido horas antes, cuando venció el plazo de retención en flagrancia de los adolescentes. La resolución fue anunciada también a través de las redes sociales del Poder Judicial y ordenó que los seis menores fueran conducidos de inmediato al
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El traslado no se hizo esperar. A las 11 y 15 aproximadamente se conoció la decisión; a las 11 y 25, los adolescentes ya cruzaban la puerta del centro juvenil. Llegaron en una minivan, custodiados por trabajadores del Poder Judicial y tres agentes policiales. Todos ingresaron cubiertos con colchas y prendas de vestir para proteger su identidad, dado que aún son menores de edad. El ingreso fue rápido, sin declaraciones y sin demoras.
Sin padres en la puerta
Uno de los elementos que más llamó la atención de los periodistas que cubrieron el operativo fue la ausencia de los familiares. A diferencia de lo ocurrido durante los tres días previos de diligencias —en los que los padres acompañaron de cerca el proceso—, ningún familiar se apersonó al
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Los adolescentes completaron así su primera noche —y sus primeras ocho horas— dentro del centro de rehabilitación, donde permanecerán durante los próximos cuatro meses mientras la Fiscalía avanza en las diligencias y determina la
Cuatro en libertad, seis internados
El caso involucró inicialmente a diez estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, retenidos tras la denuncia de un compañero de 16 años que afirmó haber sido
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Al vencerse el plazo de 48 horas de retención, cuatro de los diez adolescentes fueron liberados. La Fiscalía determinó que no había mérito suficiente para solicitar una medida restrictiva en su contra. Según el abogado Jorge Petrozzi, defensor de la familia de la víctima, estos cuatro escolares no estarían comprendidos como participantes directos ni indirectos en la agresión denunciada.
Qué puede pasar de aquí en adelante
El internamiento preventivo no es una condena. Durante los próximos cuatro meses, la
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De acuerdo con el
Un punto jurídico relevante: si alguno de los adolescentes cumpliera 18 años durante el periodo que permanezca en el centro juvenil, no sería trasladado a un establecimiento penitenciario común. Según el código aplicable, seguiría cumpliendo su proceso socioeducativo en el centro juvenil, dado que el hecho presuntamente fue cometido cuando aún era menor de edad. Todo esto, sin embargo, está supeditado al resultado de las investigaciones en curso.
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