Romper el ciclo
Van 2,059 casos de
Editorial
EditorialViernes 18 de Septiembre del 2026 · 00:53h
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La violencia sexual contra menores en el Perú es un ciclo que se alimenta de su propia impunidad. Ocurre en un bus escolar en San Borja y ocurre en las comunidades Awajún y Wampis de Condorcanqui. Ocurre en colegios con recursos y ocurre en provincias donde hay una sola psicóloga para atender a cientos de víctimas. Lo que cambia entre un caso y otro es la velocidad con que el Estado responde. Y esa diferencia dice más sobre el país que cualquier protocolo que se anuncie después del daño.
El martes 15 de septiembre, un estudiante de 16 años fue presuntamente agredido sexualmente por ocho compañeros dentro de un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise, en el distrito de San Borja, con dos adultos presentes que dicen no haber percibido lo que ocurría.
Tras la acusación pública, los padres han señalado que la institución recibió denuncias previas sobre drogas, armas y amenazas a profesores que esperaron respuesta sin recibirla. Incluso una maestra del mismo centro educativo denunció represalias en su contra por denunciar actos violentos por parte de alumnos.
La Marina, hasta el cierre de esta edición, no emitía ningún pronunciamiento. El gobierno anunció el traslado del colegio al Minedu. El INDECOPI fiscalizó. En otras palabras, todas las instituciones llegaron después del daño. Pero esto no es exclusivo de dicho distrito capitalino.
En Condorcanqui, en la región Amazonas, entre 2024 y julio de 2026, más de 1,253 niñas y adolescentes indígenas Awajún y Wampis fueron víctimas de violencia sexual. Y la respuesta es brutal. Solo hay una psicóloga para atender a todas. Los antirretrovirales para las menores que viven con VIH producto de violaciones que sufrieron son insuficientes. Y, peor aún, a finales del año pasado, se retiraron fiscales y defensores públicos de comunidades enteras.
Ante ello, una misión de la OEA visitó la zona y concluyó que la violencia es estructural. “Estamos cansadas de denunciar. Hay mucha impunidad y ausencia de justicia”, sostuvo la presidenta del Comuawuy, Rosemary Pioc, cuando la prensa le pidió sus impresiones del problema.
En lo que va del año, el sistema SíSeVe registra 2,059 reportes de violencia sexual en colegio. Y 173 denuncias siguen sin respuesta.
Pero el fondo del problema va más allá. Se trata de un sistema que no solo abusa sino que tolera el abuso hasta que la violencia llega a este tipo de extremos profundamente lamentables. Ese es el ciclo de violencias que como sociedad se debería romper. Y, ante esa demanda, el Estado peruano sigue llegando muy tarde.
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