Sociedad

Toma en San Marcos: disturbios en facultad de Ciencias Administrativas por controversia en la elección del decano

Estudiantes y representantes del tercio

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM tomaron el local en protesta por la intervención del Rectorado en la designación del nuevo decano tras la suspensión de Amador Grover. | Composición LRDaniela OrellanaMiércoles 16 de Septiembre del 2026 · 15:41hLa República en Google

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (

El conflicto se originó luego de la suspensión temporal del decano

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Ante esta ausencia, el Consejo de Facultad acordó el 31 de julio encargar temporalmente el decanato al vicedecano académico,

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Ese mismo día, el Rectorado adoptó inicialmente el mismo criterio. A través de la Resolución Rectoral N.° 009782-2026-R/UNMSM, también del 31 de julio, dispuso que Espinoza Altamirano asumiera la encargatura del decanato. De esta manera, en un primer momento existió coincidencia entre el Consejo de Facultad y el Rectorado sobre la aplicación del artículo 74 del Estatuto.

Sin embargo, cinco días después, el 5 de agosto, el Rectorado dejó sin efecto su resolución anterior y dispuso que el decanato fuera encargado al docente

Ese mismo día también se dispuso el término de las funciones del vicedecano de Investigación y Posgrado y del director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, decisiones que, según los representantes, generaron nuevas discrepancias sobre las competencias del Rectorado y la autonomía de gobierno de la facultad. Algunos alumnos denunciaron atropellos por parte de Jerí Ramón.

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Estudiantes cuestionan cambio de criterio

Uno de los alumnos que participa del reclamo señaló que la controversia no se limita a la suspensión del decano, sino que está relacionada con la forma en que el Rectorado modificó posteriormente la encargatura.

Según explicó, mientras el Consejo de Facultad había acordado que Espinoza Altamirano asumiera temporalmente el cargo, el Rectorado inicialmente emitió una resolución en el mismo sentido y posteriormente designó a otro docente.

Los estudiantes sostienen que la decisión constituye una intervención del Rectorado en la conducción de la facultad y exigen que se respete el acuerdo del Consejo de Facultad. Estas afirmaciones corresponden a la posición de los representantes estudiantiles y no establecen por sí mismas que haya existido una intervención política.

El documento enviado a la Defensoría del Pueblo recoge precisamente este cuestionamiento. Allí, el Consejo de Facultad plantea que la encargatura de Bedoya no se ajustaría al mecanismo previsto en el artículo 74 y solicita que el Rectorado explique el fundamento jurídico que motivó el cambio de criterio entre el 31 de julio y el 5 de agosto.

Los representantes también invocan el artículo 46 del Estatuto, que señala que ningún integrante de la comunidad sanmarquina debe obediencia a autoridades que asuman ilegalmente el gobierno de la universidad, en contravención de la ley y del propio Estatuto. La aplicación de esta disposición también forma parte de la controversia planteada entre ambas instancias.

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Piden mesa de diálogo

Ante la disputa, representantes estudiantiles del Consejo de Facultad solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para instalar una mesa de diálogo entre el Rectorado y el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas.

Entre los puntos que plantean discutir están el fundamento jurídico de la primera encargatura, las razones que llevaron al Rectorado a modificar su posición cinco días después y su interpretación actual del artículo 74 del Estatuto.

También piden que se precise el fundamento normativo de la designación de Bedoya y el alcance del artículo 46 frente a una autoridad cuya legitimidad es cuestionada por integrantes de la comunidad universitaria.

La solicitud presentada ante la Defensoría no busca que esta institución resuelva la controversia jurídica ni sustituya a las autoridades universitarias. Los representantes piden que actúe como facilitadora de un espacio institucional para que el Rectorado y el Consejo de Facultad expongan sus respectivas interpretaciones del Estatuto y busquen una salida a la crisis.

Hasta el momento, el punto central del conflicto es determinar qué órgano tiene competencia para resolver la sucesión temporal del decanato y cuál es el fundamento que permitió al Rectorado modificar la encargatura que había dispuesto inicialmente.

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