Osinergmin cuestiona adenda de Cálidda: viviendas sin gas garantizado por más de10 años y US$1.832 millones extra en la tarifa
La propuesta busca extender la concesión hasta 2043 y llevar el
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La ampliación de la concesión contempla nuevas conexiones de gas natural, pero enfrenta observaciones sobre su cobertura y los costos que asumirían los usuarios. | Andina
Rosa Grandez
Jazmín BianchiEscucharResumenCompartir
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Pese a la promesa de llevar gas natural al interior del país, recibe graves advertencias por parte del
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El regulador advierte que, pese a la magnitud de la inversión y de las redes previstas,
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La advertencia está contenida en el informe N.° 413-2026-GRT/OS de Osinergmin, que evalúa la propuesta de modificación contractual que actualmente se encuentra en manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El proyecto contempla la construcción de
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La cifra de cobertura no significa que el 70% u 80% restante quede definitivamente excluido del gas natural. El problema advertido por Osinergmin es otro:
En otras palabras, una cosa es que una vivienda no esté conectada y otra muy distinta es que ni siquiera tenga una red cercana a la cual pueda solicitar posteriormente una conexión.
El regulador explica que no basta con fijar un número mínimo de kilómetros de redes y conexiones para garantizar la masificación. Cálidda podría cumplir formalmente con ambas metas concentrando la infraestructura y las conexiones en determinadas zonas, particularmente aquellas con mayor densidad o demanda.
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De esta manera, el concesionario podría alcanzar el número mínimo de usuarios exigido por el contrato sin que ello implique que la red se extienda de manera equilibrada por toda el área considerada como potencial.
El riesgo, según Osinergmin, es que otros barrios o sectores permanezcan sin infraestructura disponible y que sus habitantes tengan que esperar nuevas inversiones o modificaciones contractuales para acceder al servicio.
Por ello, el regulador advierte que
La observación pone el foco en una diferencia que puede pasar desapercibida: los
Se trata de un universo estimado de usuarios que podrían ser atendidos por las redes proyectadas. La obligación contractual de Cálidda, en cambio, está determinada por el número de conexiones mínimas.
Además, Osinergmin cuestiona que la propuesta considere un factor de penetración de
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La Novena Adenda busca ampliar el ámbito de la concesión hacia ciudades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.
El proyecto incluye
La propuesta contempla construir miles de kilómetros de redes para llevar el servicio a estas localidades. Sin embargo, para Osinergmin, el cumplimiento de kilómetros y conexiones no debería ser el único parámetro para medir la masificación.
El punto es especialmente sensible porque la propia documentación que sustenta la propuesta identifica una cantidad de viviendas potenciales
Incluso existe un mecanismo que permite compensar hasta
Así, el contrato podría cumplirse en términos numéricos sin necesariamente alcanzar el objetivo de llevar el servicio a la mayor cantidad posible de hogares.
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Osinergmin señala que la adenda para extender la concesión de Cálidda hasta 2043 haría que más de 1,8 millones de usuarios en Lima y Callao sigan pagando en sus recibos por las redes de gas existentes, a pesar de que su costo total ya habrá sido recuperado tras los primeros 33 años del contrato (en 2033), cuando la infraestructura debe pasar a ser propiedad del Estado.
El problema radica en que la propuesta mantiene un valor cobrable (VNR) para estas tuberías, en lugar de fijarlo en cero al haber terminado de pagarse por completo.
De mantenerse este cobro adicional entre 2033 y 2043, el organismo regulador proyecta que la concesionaria obtendría ingresos por US$2.252,7 millones con costos operativos de US$420,7 millones, l
En cambio, si el valor de las redes viejas pasa a cero en 2033, la utilidad caería a US$329,7 millones. Para Osinergmin, esta diferencia de más de US$1.500 millones no debería ser una ganancia extraordinaria para la empresa, sino convertirse en tarifas más bajas para los consumidores o en nuevas inversiones sin costo para el usuario.
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Las observaciones a la Novena Adenda no solo ponen sobre la mesa el impacto que tendría el acuerdo en Cálidda. Uno de los principales puntos de debate es cuánto margen conservaría el regulador para revisar la eficiencia de las inversiones y costos de operación una vez que estos criterios queden fijados en el contrato.
El informe técnico advierte que establecer condiciones rígidas podría dificultar que, en futuras fijaciones tarifarias, se trasladen a los usuarios las eficiencias, economías de escala u optimizaciones que surjan con la maduración de la red.
Expertos del sector consultados por este diario señalan que el alcance de esta discusión podría ir más allá del mercado del gas natural. Si estas condiciones quedan incorporadas en un contrato de concesión, otros operadores podrían invocar posteriormente un criterio de “trato no discriminatorio” para solicitar condiciones similares.
Aunque el informe del regulador no es vinculante para el Minem, los especialistas consideran que la decisión sobre la adenda podría marcar un precedente sobre cuánto espacio conserva la regulación tarifaria frente a las condiciones pactadas en contratos de largo plazo.
La discusión queda así planteada en dos frentes:
Por su parte, Cálidda señaló a La República que su meta es «llevar el gas natural a 7 regiones del centro y sur del país, en el menor plazo posible, garantizando las mismas tarifas que pagan los usuarios en Lima».
La empresa precisó que su propuesta duplica el compromiso inicial planteado por el Estado al proyectar el tendido de redes para llegar a 300.000 viviendas, con una meta mínima de 201.000 conexiones reales, lo que representa «el compromiso más alto asumido por cualquier concesión de gas natural existente en el Perú».
Asimismo, aclaró que estas metas iniciales no limitan la expansión futura, pues existen mecanismos normativos para seguir ampliando la cobertura progresivamente.
Sobre las complejidades técnicas y de costos en el interior del país, explicaron que las métricas en la nueva Adenda fueron fijadas por un consultor experto contratado por el Ministerio de Energía y Minas, quien consideró desafíos climáticos como lluvias, nieve y altura, además de factores de suelo y temas arqueológicos.
«Es evidente que, dados estos factores, los rendimientos asociados a la construcción de redes son menores, por lo que el costo debe ser mayor», argumentaron, añadiendo que al construir en 15 ciudades a la vez requieren flexibilidad para compensar las conexiones que no puedan concretarse en una localidad con los avances de otra.
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Frente a las críticas por el impacto en las tarifas, la concesionaria descartó la existencia de utilidades indebidas. “En un contrato regulado, no puede existir una ‘sobreganancia’, ya que toda modificación contractual requiere mantener el equilibrio económico-financiero, es decir, que el concesionario no gane más con la adenda que sin ella”, sostuvieron.
Cálidda indicó que el modelo de negocio contempla un plazo de 30 años para que la tarifa permita recuperar el costo de las obras. Por ello, señalaron que las infraestructuras que se construyan cerca al fin del contrato no alcanzan a pagarse del todo mediante el recibo de los usuarios.
En ese sentido, manifestaron que ampliar el plazo de la concesión por 10 años no busca generar un cobro extra, sino dar el tiempo necesario para terminar de financiar las tuberías que se instalarán en los próximos años.
“Por la vía tarifaria, sólo podrán ser remuneradas durante 8 años, considerando que la concesión termina en 2033; si esta se amplía 10 años, dichas inversiones se remunerarán durante 18 años”, indicaron, precisando que el contrato original define cómo saldar el monto restante.
Sobre el ritmo de instalación, Cálidda indicó que también depende de cómo la población vaya conociendo los beneficios del servicio, tal como ocurrió durante el desarrollo de la concesión en la capital.
“Ejemplo de ello es Lima: el compromiso inicial era menos de 100 mil conexiones y a la fecha ya hemos realizado más de 2,1 millones bajo los mecanismos del reglamento”, indicaron para este diario.
Respecto a la situación en Quillabamba, Cálidda indicó que, de aprobarse la propuesta, culminaría las obras del proyecto estatal en la ciudad y extendería el servicio a las zonas que no habían sido consideradas originalmente.
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