Informalidad laboral en Perú: el 73,7% del empleo privado no está protegido bajo ley
El estudio de Ipsos Perú revela que la
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El 73,7% del empleo privado en el Perú es informal, revela estudio de Ipsos. | Comex
Rosa GrandezEscucharResumenCompartir
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El 73,7% del empleo privado es informal y solo 14% de las microempresas tiene a la mayoría de sus trabajadores en planilla.
La situación revela que el acceso sigue estando muy condicionado por el tamaño y la capacidad económica de las unidades productivas.
Para el abogado laboralista
“Para una microempresa, formalizar no es solo un trámite: es asumir costos que no puede absorber en un contexto donde el 52% identifica la delincuencia como su principal problema y el 43% señala la burocracia estatal como una barrera”, explicó Valera.
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Para las microempresas, formalizar sigue siendo una tarea difícil de sostener
En las microempresas, además, los obstáculos no se reducen al costo salarial. El
La informalidad, por tanto, también está relacionada con la dificultad de sostener la contratación en negocios de menor escala. Si el objetivo es ampliar los empleos con derechos, no basta con exigir el cumplimiento: también se requiere que el sistema permita a estas unidades incorporarse y permanecer.
En ese punto, Valera considera que la salida no pasa por reducir derechos laborales, sino por
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El estudio propone, en esa línea, medidas como plataformas integradas, declaraciones precalculadas y una menor duplicidad de información. El objetivo sería reducir la carga que enfrentan las microempresas sin trasladar ese alivio a una menor protección para los trabajadores.
El crecimiento empresarial también eleva la exposición a la fiscalización estatal
A medida que una empresa aumenta de tamaño, la dificultad deja de concentrarse únicamente en el ingreso a la formalidad y pasa a estar también en su relación con un aparato estatal más amplio.
El contraste es evidente en
Empresas en Perú amplían su relación con el Estado al crecer: contacto con Sunafil salta de 7% a 81%.
La mayor fiscalización es necesaria para garantizar que los derechos laborales se cumplan, pero el estudio también muestra problemas en la forma en que las empresas perciben esa intervención.
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Esto se suma a una falla de gestión pública:
La diferencia entre tamaños también se refleja en los obstáculos que cada segmento identifica. En las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, 33% menciona los costos laborales adicionales al salario y 36% el nivel de la remuneración mínima y sus incrementos. En las grandes, en cambio, la principal dificultad señalada es la
Para Valera, esta diferencia evidencia una de las principales contradicciones de la estrategia actual. “La fiscalización actual es poco efectiva para reducir la informalidad porque está concentrada en empresas que ya son formales”, cuestionó.
El abogado plantea que Sunafil debería avanzar hacia una supervisión basada en riesgo, con un mayor componente de orientación para las microempresas y una mejor coordinación con otras entidades del Estado. La efectividad, sostiene, no debería medirse únicamente por inspecciones o sanciones, sino también por su capacidad para lograr que más empresas ingresen y permanezcan en la formalidad.
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El estudio de Ipsos plantea, en esa línea, que
El reto es, finalmente,
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