07/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 07/09/2026
La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto dirimente de su presidente Arturo Alegría García, el informe de opinión que respalda el pedido de facultades legislativas formulado por el Poder Ejecutivo en materia ambiental.
El documento aprobado contempla la optimización de los procesos de certificación ambiental global, la remediación de pasivos ambientales y el impulso a la transición energética. La medida busca modernizar el marco normativo mediante la promoción de fuentes renovables, el desarrollo del hidrógeno verde y la diversificación de la matriz energética nacional.
«Conservar cuesta, no es gratis», afirmó al destacar la labor de las familias y organizaciones que protegen áreas naturales como Tingana y Santa Elena, en la región San Martín, pero que enfrentan numerosas dificultades para obtener autorizaciones que les permitan desarrollar actividades sostenibles y generar recursos.
Asimismo, el informe técnico precisa que la aplicación de la simplificación administrativa y el enfoque de riesgo no implicarán el debilitamiento de los estándares vigentes. Se establece que el Ejecutivo deberá realizar un análisis exhaustivo del funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para garantizar mecanismos institucionales y financieros sólidos.
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Durante la sesión, diversos legisladores expresaron sus observaciones respecto a la aplicación de mecanismos como el silencio administrativo positivo en trámites ambientales. Sobre este punto, el diputado Harvey Colchado advirtió sobre las implicancias de dichas medidas.
«La demora de una entidad no puede convertirse automáticamente en una autorización para desarrollar una actividad que podría afectar el agua, la salud y los bosques. No podemos presumir que un proyecto es ambientalmente viable, debemos certificarlos», manifestó.
Por su parte, la diputada Giannina Avendaño Vilca sostuvo que cualquier modificación del SEIA requiere un análisis más profundo, debido a que este sistema no solo facilita inversiones, sino que protege derechos relacionados con la vida, el ambiente y las áreas naturales protegidas. Del mismo modo, la parlamentaria Jessica Guevara Ramírez remarcó que la delegación de facultades no constituye un «cheque en blanco» y que las medidas deberán estar acompañadas de fiscalización, supervisión y monitoreo.
En relación con las reformas energéticas, la comisión respaldó la actualización de la Ley de Concesiones Eléctricas con el fin de brindar seguridad jurídica, reducir la dependencia de combustibles fósiles e impulsar una matriz descarbonizada.
El debate parlamentario puso en evidencia las posturas divididas sobre el plazo necesario para que el parque automotor peruano acceda a combustibles de menor impacto ambiental. Durante la sesión, Petroperú señaló que actualmente produce gasolinas y diésel con un máximo de 50 ppm de azufre y que aún requiere infraestructura adicional para alcanzar plenamente los 10 ppm, precisando que la unidad de nafta craqueada podría estar lista en agosto de 2029 y la correspondiente al diésel en 2030.
Ante este panorama, diversos legisladores cuestionaron que el proceso de transición energética dependa exclusivamente de los tiempos de la empresa estatal. En esa línea, la senadora Patricia Iturregui rechazó una nueva prórroga y sostuvo que el paso de Euro 4 a Euro 6 permitiría reducir en 80% los óxidos de nitrógeno y en 67% las partículas, planteando que se evalúe la importación directa o el aporte de operadores privados para no retrasar las exigencias sanitarias.
Por su parte, el Poder Ejecutivo coincidió en mantener la meta de descarbonización, aunque remarcó la necesidad de resguardar el suministro nacional. Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas confirmó un dato relevante para el debate: Refinería La Pampilla requeriría aproximadamente seis meses para adecuarse a los 10 ppm, aunque no tendría capacidad para cubrir por sí sola todo el mercado nacional, por lo que el sector defiende un esquema gradual que combine la producción local con la seguridad energética del país.
Para ello, el texto final condiciona al Ejecutivo a definir la capacidad de transmisión del sistema eléctrico nacional y evaluar el posible impacto en las tarifas de los usuarios antes de ejecutar las modificaciones. En ese sentido, la Comisión de Medio Ambiente remitió el informe de opinión al Pleno del Congreso para continuar con el trámite legislativo correspondiente sobre el pedido de facultades.
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