El Gobierno declaró el
La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y tendrá una duración de 60 días calendario. Durante este periodo, la
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Restricciones en el perímetro penitenciario
Como consecuencia de la declaratoria, quedarán suspendidos temporalmente determinados derechos constitucionales dentro del área establecida. Entre ellos figuran la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal, conforme a las condiciones contempladas en la norma.
La estrategia de seguridad también incluye acciones destinadas a proteger los alrededores de los establecimientos, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato. Los agentes ejecutarán controles en los puntos de acceso y desarrollarán labores de inteligencia orientadas a detectar posibles amenazas y evitar eventuales fugas.
El despliegue contempla, además, operativos permanentes para identificar y retirar objetos prohibidos. En coordinación con el
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INPE conservará control interno
Mientras la Policía y las
La disposición establece, además, que las medidas extraordinarias no implicarán una suspensión general de las garantías fundamentales. Durante los 60 días de vigencia se deberá preservar el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, de acuerdo con los estándares establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Gobierno busca frenar operaciones criminales
Según el Ejecutivo, los cinco establecimientos seleccionados concentran cerca del 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales. La medida apunta a impedir que estructuras delictivas continúen utilizando los recintos penitenciarios como puntos para coordinar actividades hacia el exterior.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que estas acciones no dependen de la eventual aprobación de las facultades solicitadas al Congreso. “Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad”, afirmó.
El funcionario añadió que, una vez obtenidas dichas atribuciones, espera fortalecer la respuesta estatal frente a la criminalidad. “Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza”, señaló.
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Reunión con el nuevo jefe del INPE
En la víspera, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el recientemente designado titular del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano.
El encuentro permitió coordinar las medidas inmediatas que implementará el Ejecutivo para reforzar el sistema penitenciario y definir las principales líneas de acción de la nueva administración del INPE. Entre las disposiciones abordadas se encuentra el decreto supremo que establece el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del país.
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