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El líder parlamentario del gobernante
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La reforma impide postularse a cargos de elección popular a quienes el régimen califica de “golpistas” y “traidores a la patria”, así como a opositores exiliados que, según Porras, “viven pidiendo intervención militar” de Estados Unidos o “aplauden y piden sanciones”. La medida también alcanza a quienes hayan “incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”.
La enmienda amplía además de seis a siete años los mandatos de los copresidentes y otros cargos de elección popular, así como los períodos de los jefes del Ejército y la Policía.
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Esta no es la primera modificación a la carta magna en años recientes. En 2024, el oficialismo ya había extendido el período presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo —entonces vicepresidenta— al rango de copresidenta, al tiempo que postergó para fines de 2027 los comicios que debían celebrarse a fines de 2026.
La reforma se produce semanas después de que Ortega declarara públicamente, el 19 de julio, que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua para evitar que la oposición “atrape el Gobierno”. El anuncio, pronunciado durante los actos del 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua, desencadenó una reacción diplomática inmediata en la región.
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Washington instó a la comunidad internacional a aislar al gobierno nicaragüense, mientras varios países centroamericanos, Bolivia, Brasil y Chile calificaron las declaraciones de Ortega como un nuevo retroceso democrático.
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Ortega, exguerrillero izquierdista próximo a cumplir 81 años, asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo tras unas elecciones ampliamente cuestionadas en noviembre de 2021. Gobierna junto a Murillo, de 75 años, desde 2017, y acumula casi dos décadas en el poder, lo que lo convierte en el líder con más años en el cargo en América.
La crisis política nicaragüense se remonta a abril de 2018, cuando el gobierno reprimió una serie de protestas antigubernamentales. El saldo, según la
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