Un juez federal de la
El fallo de la corte frena un veto masivo basado en la nacionalidad de los solicitantes. La decisión reabre
Alcance de la congelación consular y países afectados
La restricción comenzó en enero de 2026 tras una directiva del Departamento de Estado de Estados Unidos y congeló la entrega de residencias a ciudadanos de
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El Ejecutivo justificó la medida bajo el argumento de prevenir el ingreso de solicitantes con riesgo de convertirse en “carga pública” para el Estado.
Los
- América (17): Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Uruguay.
- África (26): Argelia, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República Democrática del Congo, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda.
- Asia (22): Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Birmania (Myanmar), Bután, Camboya, Irak, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Yemen.
- Europa (9): Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte,
- Oceanía (1): Fiyi.
Argumento central del dictamen judicial
La jueza
El dictamen subrayó que la legislación no concede al secretario de Estado la atribución para anular el criterio independiente de los funcionarios consulares. La ley requiere evaluar cada caso de “carga pública” de manera individualizada, considerando aspectos como finanzas, edad, salud y habilidades del aspirante.
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Un cable diplomático emitido por Marco Rubio ordenaba el rechazo de las solicitudes aun cuando los solicitantes presentaban solvencia económica suficiente, lo que imponía una denegación automática contraria a la ley.
Impacto en familias, sectores laborales y próximos pasos
La demanda que derivó en la sentencia fue impulsada por organizaciones civiles como la
El litigio reunió casos de familias divididas en países como Ghana, Etiopía, Guatemala y Jamaica, así como de profesionales con contratos de trabajo en firmas de Estados Unidos. Durante el juicio, el Departamento de Justicia defendió la suspensión apoyándose en precedentes sobre restricciones de viaje de 2018.
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Sin embargo, la resolución estableció que dichos fallos abordaban la facultad de regular la entrada al territorio nacional, mientras que este expediente juzgó la validez de pausar la emisión de visados.
El fallo ordena al Departamento de Estado restablecer la evaluación individualizada de las carpetas de visado. Las partes involucradas deben remitir sus propuestas sobre el curso de los expedientes pendientes
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