El Ministerio
El requerimiento de la fiscal anticorrupción Diana Paico también contempla, además, 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como la privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos y otras distinciones.
Los
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De acuerdo con la Fiscalía, el 16 de abril de 2024, Bedriñana acudió a su despacho con su currículum y ambos habrían acordado su incorporación como consultor FAG del Viceministerio de Seguridad Pública, puesto que se encontraba vacante.
Después del encuentro,
Ese mismo día, Díaz habría solicitado la contratación de Bedriñana mediante un memorando dirigido a la Secretaría General. Al día siguiente fueron emitidos y visados los términos de referencia correspondientes.
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La Fiscalía considera que Santiváñez “(…) utilizó la alta investidura de su cargo y su influencia institucional para recibir, el 16 de abril del 2024, en su propio despacho, a su coacusado y amigo Anatoly Bedriñana Córdova”, según citó el diario.
A mediados de abril, el exfuncionario dejó la jefatura del Gabinete de Asesores y fue designado viceministro de Orden Interno, mientras que Bedriñana, de acuerdo con el Ministerio Público, no volvió a registrar ingresos al Mininter hasta el 30 de abril y presentó su renuncia el 7 de mayo.
Posteriormente, fue contratado como asesor FAG del
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El 16 de mayo, Santiváñez asumió como titular del sector y, aunque el contrato de Bedriñana permanecía vigente, la Fiscalía sostiene que pidió una nueva contratación para que prestara servicios como consultor FAG del despacho ministerial hasta diciembre de ese año.
La acusación también pide cinco años de prisión para Bedriñana y cuatro para Díaz, además de 15 y 10 años de inhabilitación, respectivamente.
En
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“No hay ninguna prueba objetiva, es una presunción a la que llega la fiscalía”, afirmó. Aunque reconoció su amistad con Bedriñana, negó haber intervenido en su contratación.
“Finalmente, tampoco lo contrato yo, ni siquiera como asesor, él es contratado por un viceministro”, sostuvo. Añadió finalmente que su defensa buscará “desestabilizar” la acusación durante el control correspondiente ante el Poder Judicial.
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