Petroperú tendrá una profunda renovación en su máximo órgano de gobierno. De acuerdo a fuentes consultadas por Infobae Perú, la empresa estatal reemplazará a casi la totalidad de los integrantes de su directorio, en un movimiento que ocurre en medio de una compleja situación financiera y operativa, marcada por la reorganización interna de la compañía y la expectativa de cambios impulsados desde el Gobierno.
La nueva conformación estará integrada por Oliver Stark (presidente), César Burga, Daniel Ortega y Víctor Andrés Belaunde, mientras que Carlos Adrián Linares Peñaloza continuará formando parte del directorio. Esta información será oficializada en unas horas a través de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La decisión se produce luego de días de tensión por las recientes medidas adoptadas por la petrolera, entre ellas una reestructuración organizacional aprobada antes del cambio de gestión gubernamental.
La principal novedad del relevo es la salida de la mayoría de integrantes que conformaban el directorio hasta ahora. De esa manera, dejarán sus cargos Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños, quien ejercía la presidencia; Richard Abel Almerco Soto, Julio César de la Rocha Corzo y Carlos Alberto Lezameta Escribens.
La renovación del directorio ocurre poco después de que Petroperú aprobara una nueva estructura organizacional, la constitución de un Vehículo de Propósito Especial (VPE) y la creación de tres gerencias enfocadas en control interno, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos.
La empresa informó que estas modificaciones fueron oficializadas ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y que su aplicación es inmediata, asegurando además que no demandarán gastos adicionales. Sin embargo, la decisión fue adoptada en una sesión adelantada respecto al cronograma previsto, en un contexto en el que el equipo de transferencia del nuevo Gobierno había solicitado evitar decisiones relevantes antes del cambio de administración.
La reestructuración de la petrolera coincide con un escenario económico complejo. Petroperú enfrenta una deuda superior a USD 7.900 millones y perdió el grado de inversión, mientras desarrolla un proceso de reorganización destinado, según la empresa, a fortalecer su sostenibilidad financiera y mejorar la gobernanza corporativa.
En paralelo, el directorio saliente aprobó una excepción a las normas internas para la evaluación y selección de personal, argumentando que durante los últimos seis años solo se realizó un proceso formal de evaluación, lo que impedía cumplir con los procedimientos habituales para determinados nombramientos.
El relevo de autoridades también coincide con dificultades operativas que continúan afectando a la empresa estatal. Actualmente, Petroperú mantiene cinco buques con cargamentos de crudo y biodiésel fondeados en aguas peruanas, situación que ha generado una sobrestadía superior a USD 17,1 millones.
A ello se suma la paralización de la Refinería de Talara, que permanece sin operar por falta de inventarios suficientes de crudo. Mientras tanto, continúa pendiente la transferencia del rescate financiero de hasta USD 2.000 millones, recursos que aún no han sido desembolsados y que resultan clave para aliviar la situación de liquidez de la empresa estatal.
Oliver Stark asumió la presidencia del directorio de Petroperú en 2024 con el encargo de encaminar una reestructuración de la empresa estatal, que atravesaba una severa crisis financiera. Durante su gestión impulsó un plan que contemplaba abrir la compañía a la participación privada mediante un esquema de capital mixto, además de alternativas como la reestructuración o la liquidación para garantizar su viabilidad. Sin embargo, el Gobierno de Dina Boluarte descartó la privatización de la petrolera y reafirmó su compromiso de mantenerla bajo control estatal.
La continuidad de Stark llegó a su fin en septiembre de 2024. La entonces presidenta Dina Boluarte solicitó únicamente su salida, aunque finalmente todo el directorio presentó su renuncia en bloque en respaldo a su presidente. La decisión se produjo tras las discrepancias entre la administración de Petroperú y el Ejecutivo respecto al futuro de la empresa y a la demora en adoptar una definición sobre las propuestas de reorganización.
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