El ping pong del TC y el fujimorismo

En 2022 el TC abrió la puerta al gasto del

En una democracia, el Tribunal Constitucional existe para una sola cosa: proteger la Constitución del poder político. No del poder abstracto, sino del concreto, el que tiene mayoría en el Congreso, el que controla el Ejecutivo, el que puede doblar las instituciones si nadie se lo impide. El TC es, en teoría, ese nadie que dice basta. Cuando deja de serlo, la democracia pierde su última línea de defensa.

El TC peruano actual dejó de serlo hace años. En octubre de 2022, el pleno presidido por Francisco Morales Saravia abrió una puerta que la Constitución mantenía cerrada desde 1993, permitiendo que el Congreso aprobara leyes con impacto en el gasto público de ejercicios futuros. El fujimorismo, que controlaba el Congreso, recogió esa pelota y la convirtió en una farra fiscal sin precedentes.

Entre 2021 y 2025, el Parlamento aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, 101 por insistencia pese a la opinión negativa del Consejo Fiscal y la Contraloría. El costo anual acumulado supera los S/36,700 millones, el 3% del PBI.

Esta semana, el mismo TC cerró esa puerta. El expediente 00018-2023-PI/TC establece ahora que los congresistas no tienen iniciativa de gasto ni para el presupuesto anual ni para ejercicios futuros. El mismo Francisco Morales Saravia que presidió el pleno cuando se abrió esa puerta firma ahora la sentencia que la cierra. Es el ping pong más caro de la historia institucional reciente del Perú.

El paralelismo con el TC de la dictadura de Alberto Fujimori es inevitable, aunque con una diferencia que lo hace más preocupante.

En 1997, el Congreso fujimorista destituyó a tres magistrados que fallaron con independencia contra la re-reelección del dictador. Hoy el mecanismo fue más sofisticado.

El TC elegido en 2022 por el Congreso de mayoría conservadora resolvió al compás del poder político desde adentro, sin necesidad de coerción externa. La captura fue estructural, no violenta.

El nuevo Congreso bicameral hereda S/36,700 millones anuales de gasto comprometido que ninguna sentencia puede deshacer. La pelota volvió al otro lado de la mesa, pero la mesa ya está destruida.

Lo que el Congreso comandado por el fujimorismo hizo con cuatro años de iniciativa fiscal irresponsable, el TC lo permitió y ahora quiere aparentar que lo lamenta. El país pagará esa cuenta durante años, mientras el TC que la generó sigue en funciones hasta 2027. Y, vale anotar, que a la lista se suma la serie de desacatos a cortes internacionales que ha cometido la mayoría de magistrados.