11/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/07/2026
El organismo establece que la iniciativa de gasto es, como regla general, una competencia exclusiva del Ejecutivo. A partir de ahora, para que un proyecto legislativo sea constitucional, deberá cumplir una serie de pautas obligatorias establecidas por el Tribunal Constitucional (TC).
En la parte resolutiva de la sentencia, el TC señala expresamente: «Declarar fundada la demanda en lo que concierne a la transgresión a los principios constitucionales presupuestarios (…) la prohibición de iniciativa de gasto público y la competencia del Poder Ejecutivo de administrar la hacienda pública».
Asimismo, el tribunal dispuso «establecer como criterio interpretativo vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto», precisando que esta competencia deriva de los artículos 118 y 79 de la Constitución Política del Perú.
La sentencia sostiene que permitir que el Congreso impulse gastos públicos sin la participación del Ejecutivo afecta el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las finanzas del Estado, principios que deben orientar toda decisión con impacto presupuestal.
Uno de los aspectos más importantes del fallo es que el Tribunal Constitucional decidió apartarse expresamente del criterio fijado en la sentencia correspondiente al caso Zona Baja de Belén.
Todo comenzó cuando el Congreso aprobó una ley para reubicar a los vecinos de esta zona inundable; sin embargo, el Poder Ejecutivo demandó la norma argumentando que afectaba directamente el presupuesto nacional.
En consecuencia, el TC resolvió «exhortar al Congreso de la República para que cese el proceso legislativo conforme a lo señalado en el fundamento 118 de la presente sentencia» y añadió que también corresponde al Poder Ejecutivo garantizar el cumplimiento de este nuevo criterio constitucional.
La resolución precisa que la administración de la hacienda pública constituye una función propia del Ejecutivo y que cualquier norma con incidencia presupuestaria debe respetar ese marco competencial.
En los fundamentos de la sentencia, el Tribunal Constitucional explica que el principio de sostenibilidad fiscal exige que toda iniciativa que genere obligaciones económicas permanentes cuente con un adecuado respaldo financiero y sea evaluada dentro del proceso presupuestario.
El fallo advierte que permitir la aprobación de gastos sin la intervención del Ejecutivo puede afectar la estabilidad económica del país y comprometer la correcta administración de los recursos públicos.
Por ello, el TC reafirma que el Congreso conserva plenamente su función legislativa, pero esta debe ejercerse respetando los límites establecidos por la Constitución cuando las propuestas impliquen crear o incrementar gastos para el Estado.
No obstante, los magistrados dejaron una excepción: si el Congreso nota una necesidad social urgente (como salud o servicios básicos), sí podrá proponer proyectos que impliquen gasto, pero estará obligado a coordinar antes con el Ministerio de Economía.
De esta manera, cualquier nueva propuesta del Parlamento deberá demostrar de dónde saldrá el dinero y contar con un informe técnico que garantice que el país no se endeudará ni romperá su equilibrio financiero.
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