El jefe del equipo de transferencia de la presidenta electa
En una carta dirigida al premier
“Solicito respetuosamente que la Presidencia del Consejo de Ministros evalúe disponer que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones, modificaciones de la estructura organizacional o de asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario que no resulten estrictamente indispensables para garantizar la continuidad de los servicios públicos”, se lee en la misiva.
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Vinelli dice que la excepción a su pedido serían aquellos nombramientos o acuerdo “que respondan a una obligación legal, mandato judicial, situación de emergencia o necesidad pública debidamente sustentada”.
“Esta solicitud se formula en atención a los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública que deben orientar el proceso de transferencia de gobierno”, dice el
Pedido de
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Fujimori ratifica confianza a Vinelli
Keiko Fujimori respaldó este miércoles a
“Le ratifico mi confianza porque es un profesional competente que goza de integridad y, sobre todo, que conoce el sector de la agricultura en la cancha”, declaró la presidenta electa durante una rueda de prensa tras una actividad con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Fujimori minimizó los cuestionamientos al señalar que “como todo funcionario siempre está expuesto a tener alguna denuncia”.
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La demanda civil, según el expediente revisado por
Uno de los señalamientos más concretos indica que
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El proceso judicial atravesó varios tropiezos. En noviembre de 2025, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima rechazó la demanda al considerar que Agro Rural pretendía un pago solidario de los 340.547 soles por parte de todos los involucrados, cuando la propia demanda individualizaba responsabilidades. Agro Rural apeló, pero la Primera Sala Laboral Permanente anuló todo el proceso al concluir que el fuero laboral no es competente en este tipo de casos. La sala estableció que, al tratarse de presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, corresponde a la justicia civil asumir el expediente.
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