Keiko Fujimori asumirá la presidencia de
La proclamación de la
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El telón de fondo inmediato es la salida de Dina Boluarte del poder. El Congreso votó su vacancia por “incapacidad moral permanente” con
Jerí, entonces presidente del Congreso, definió su breve administración como un “Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional” sin alterar la correlación de fuerzas parlamentaria ni emprender reformas de fondo. Las principales decisiones estratégicas, en especial en materia de nombramientos y reformas del sistema de justicia, quedaron supeditadas a las bancadas mayoritarias.
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Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Perú Libre y Podemos Perú impulsaron y aprobaron normas que diversos especialistas consideran orientadas a favorecer la impunidad frente al crimen y la corrupción, con advertencias de organizaciones nacionales y de la
Perú evitó crisis fiscales agudas durante el quinquenio 2021-2026, y el
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Esa percepción se alimenta de casos de alta exposición pública: desde el indulto a Alberto Fujimori durante el gobierno de Boluarte, que generó enfrentamientos con la
La elevada informalidad agrava el cuadro. El
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El Ministerio de Economía y Finanzas puso en marcha programas como
El plan económico de Fuerza Popular
El
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En el ámbito empresarial, el plan propone una Ventanilla Única Digital Nacional con inteligencia artificial para trámites empresariales, interoperable con sectores estratégicos, con el objetivo de reducir la burocracia y facilitar la formalización de negocios. También contempla un Fondo para el Crecimiento MYPE, un
En el campo agropecuario, el plan propone aumentar el capital de financiamiento a través del Banco Agrario y COFIDE, con líneas verdes ligadas a prácticas sostenibles, y fortalecer el Programa Nacional de Integración Financiera Agraria mediante seguros y créditos adaptados a la pequeña agricultura. La creación de un Fondo de Valor Agregado Rural buscaría transformar excedentes en productos con mayor valor y vincular esas políticas con la investigación y la innovación. Estas propuestas se relacionan con demandas de regiones rurales que hoy son escenario de conflictos socioambientales.
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La Encuesta Proética 2025 advierte que las economías ilícitas “ya no son solo un delito, son una amenaza contra la democracia”. Minería ilegal, narcotráfico, extorsión y contrabando se entrelazan con la informalidad y, en ocasiones, con la corrupción de autoridades, configurando redes que capturan gobiernos locales, financian campañas políticas y distorsionan la toma de decisiones.
Reforma judicial y relación con organismos internacionales
El sistema de justicia peruano llega a 2026 tras más de tres décadas de reformas sucesivas que no lograron disipar la percepción de impunidad, corrupción y politización. Un análisis publicado en una revista del Poder Judicial revisa esa trayectoria y señala que, pese a modificaciones en la organización judicial, en la selección de magistrados y en los procedimientos penales y civiles, persisten problemas estructurales en la calidad de las decisiones, la duración de los procesos y la accesibilidad para poblaciones vulnerables.
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Entre 2024 y 2025, el Congreso aprobó varias leyes que afectan las competencias del Ministerio Público y modifican su estructura y sus atribuciones en la investigación de delitos. En paralelo, el proyecto de reforma constitucional 6816/2023-CR propone crear una Escuela Nacional de la Magistratura como órgano constitucional autónomo que sustituiría el modelo actual de selección y formación judicial, al fusionar la Junta Nacional de Justicia y la Academia de la Magistratura en una única entidad responsable de toda la carrera de magistrados.
La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como
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La aprobación de la
Seguridad ciudadana y economías ilícitas
La seguridad ciudadana constituye otro eje de las reformas pendientes. El
La crisis de seguridad se hizo visible durante el gobierno de Boluarte, cuando ciudades como Lima y Trujillo registraron aumentos de extorsiones, robos y homicidios, y el gobierno respondió con medidas de emergencia que no lograron revertir la percepción de descontrol. El Ministerio del Interior anunció para 2025 su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026–2028, orientado a combatir el crimen organizado y la extorsión mediante la articulación de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y gobiernos subnacionales.
Para
La relación entre inseguridad, corrupción y economías ilícitas configura un triángulo de riesgo estructural para la gobernabilidad. La coordinación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial y entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera será determinante para desarticular redes criminales y recuperar la confianza ciudadana. La relación con socios internacionales en seguridad y lucha contra el crimen organizado, como
Política exterior tras el gobierno de Boluarte
El gobierno de Fujimori asumirá la conducción de la política exterior tras un período marcado por decisiones controversiales y reorientaciones estratégicas. La administración de Boluarte fortaleció las relaciones con la República Popular China, expresadas en el viaje de la expresidenta a ese país y en la realización de la cumbre APEC Perú 2024 con participación del presidente Xi Jinping. Ese acercamiento consolidó a China como socio estratégico prioritario, pero se acompañó de un enfriamiento en las relaciones con Estados Unidos.
El gobierno de Boluarte también debió gestionar el conflicto diplomático con Argentina, Bolivia, Colombia y México, países que cuestionaron la forma en que se produjo la transición tras la destitución de Pedro Castillo y manifestaron preocupación por el tratamiento de las protestas y la situación de derechos humanos. En paralelo, Perú se adhirió al “Pacto para el Futuro” y firmó el “Tratado de Altamar” de la ONU, suscribió la Declaración de Belém en 2023 vinculada a la protección de la Amazonía y en mayo de 2024 se adhirió al Acuerdo Artemisa sobre exploración del espacio ultraterrestre.
Varias de esas decisiones generaron críticas internas desde sectores de la derecha peruana que alegaron presunta pérdida de soberanía. La crisis con Venezuela, motivada por el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo en un contexto de denuncias de presunto fraude, añadió tensión a las relaciones bilaterales con Caracas. El congelamiento del proceso de adhesión a la OCDE por la Ley 31990 y las críticas de ese organismo al gobierno de Boluarte muestran que la percepción internacional de Perú en materia de gobernanza sigue siendo frágil.
La imagen del país en derechos humanos quedó afectada por el indulto a Alberto Fujimori, que generó enfrentamientos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por las denuncias de uso excesivo de la fuerza en la represión de protestas. El nuevo gobierno tendrá la oportunidad de diseñar una política exterior que haga de la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos ejes de su narrativa internacional, pero deberá mostrar coherencia entre ese discurso y su práctica interna en el manejo de recursos naturales y conflictos socioambientales.
Conflictos sociales y presión territorial
La conflictividad social constituye uno de los principales desafíos territoriales del nuevo gobierno. La Defensoría del Pueblo registró en diciembre de 2024 un total de
La distribución territorial muestra que Loreto concentró el mayor número de casos en marzo de 2026, con
La Defensoría registró
Sin embargo, el fallecimiento de una persona y dos civiles heridos en el conflicto por posesión de terrenos entre la inmobiliaria King Group y la empresa Shougang Hierro Perú en el distrito de Marcona, Ica, muestra que la conflictividad puede escalar hacia episodios de violencia si no se gestiona de forma oportuna. El Ministerio del Ambiente, a través de la Oficina General de Asesoría en Asuntos Socioambientales, conformó siete Redes de Alerta Temprana de Conflictos Socioambientales en marzo de 2025 como parte de una estrategia preventiva. De los 39 casos priorizados por la oficina, el ministerio presenta compromisos socioambientales en 33, y el
Minería, agua y licencia social
Fujimori expresó durante la campaña que Perú es un país minero, pero remarcó que “la priorización del agua primero es para el consumo humano, para la agricultura, la ganadería y luego alcanzará también para las actividades extractivas”. Esa afirmación busca conciliar la importancia de la minería para la economía peruana con la necesidad de garantizar derechos fundamentales como el acceso al agua y de evitar la contaminación de ecosistemas.
El plan de gobierno de Fuerza Popular propone la modernización de la Ley General de Minería para evitar la especulación mediante plazos y mecanismos claros. La promoción de la minería “con respeto al medio ambiente” requerirá mecanismos concretos de participación y consulta, así como estándares claros de evaluación ambiental y social, para evitar que las reformas sean percibidas como facilitadoras de la expansión extractiva sin garantías suficientes. La experiencia de conflictos en Loreto, Puno, Cusco y Áncash muestra que las comunidades exigen participación en la toma de decisiones, protección de sus territorios y respeto a sus derechos culturales.
La licencia social —la aceptación que comunidades y actores locales otorgan a proyectos de inversión en función de la percepción de beneficios y riesgos— ha sido erosionada en Perú por experiencias de contaminación, incumplimiento de compromisos y falta de consulta. El gobierno de Fujimori tendrá que definir si su política de manejo de conflictos se orientará por esquemas de control y contención, como medidas de estado de emergencia, o si adoptará un enfoque preventivo y participativo basado en la construcción de confianza y la co-decisión.
La coherencia entre los compromisos internacionales asumidos —Declaración de Belém, Tratado de Altamar y Pacto para el Futuro— y la práctica interna de manejo de conflictos socioambientales será observada por la comunidad internacional y tendrá impacto sobre el acceso a financiamiento climático y de conservación. La articulación entre las propuestas de desarrollo rural, financiamiento verde y modernización de la minería del plan de gobierno de Fuerza Popular, y los instrumentos de gestión ambiental y social existentes, será la variable que determinará si el nuevo gobierno logra reducir la conflictividad territorial o la agudiza.
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