La violencia contra el transporte público continúa agravándose en el Perú. Entre enero y fines de mayo de 2026, al menos 54 transportistas fueron asesinados, una cifra que, según representantes del sector, evidencia que la crisis provocada por las extorsiones y el sicariato no solo persiste, sino que mantiene un ritmo superior al registrado el año anterior.
El director de la Cámara Internacional de Logística y Transporte, Martín Ojeda, sostuvo que las estadísticas del Ministerio Público reflejan un escenario más crítico que el de 2025, cuando más de 70 trabajadores vinculados al transporte perdieron la vida. A ello se suma una constante sucesión de atentados armados contra buses, empresas y conductores que operan principalmente en Lima y Callao.
En diálogo con Exitosa, el dirigente aseguró que las organizaciones criminales han fortalecido sus métodos de extorsión y que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado frenar el avance de estas redes, lo que ha generado consecuencias económicas y laborales para todo el sector.
Ojeda explicó que los ataques contra empresas de transporte se han convertido en una constante, con un promedio de tres atentados por semana. Según indicó, las zonas más golpeadas continúan siendo el Cono Norte, Cono Sur y Cono Este, donde las bandas criminales se disputan el control de las rutas mediante amenazas, atentados y cobro de cupos.
“Estamos con un promedio peor que el año pasado y eso se refleja tanto en las cifras como en los hechos que se conocen todos los días. La situación es calamitosa en el Cono Norte y el Cono Sur, donde las bandas han ampliado sus modalidades de extorsión y mantienen bajo terror a conductores y empresas”, afirmó.
El dirigente señaló que las mafias ya no actúan de forma aislada, sino que operan por zonas y compiten entre ellas. Incluso, aseguró que una misma empresa puede verse obligada a pagar simultáneamente a varias organizaciones criminales para evitar nuevos atentados.
Además del riesgo permanente para conductores y pasajeros, las extorsiones generan un fuerte impacto económico sobre las empresas. Ojeda explicó que una unidad de nueve metros puede recaudar alrededor de S/900 diarios, mientras que un bus de doce metros genera cerca de S/1.300. Sin embargo, precisó que esos ingresos están lejos de convertirse en ganancias.
“Con ese dinero se pagan planillas, combustible, mantenimiento, seguros y administración. Al final queda un margen muy reducido. Aun así, las mafias exigen entre 15 y 20 soles diarios por cada unidad y, antes de empezar a cobrar los cupos, imponen un pago inicial que puede ir de 20.000 a 50.000 soles”, detalló.
Añadió que existen empresas con entre 80 y 200 vehículos que, además de asumir esos costos, llegan a pagar hasta trece cupos distintos debido a la presencia de varias bandas criminales disputándose un mismo territorio.
Ojeda sostuvo que los empresarios han entregado información constante a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior, pero considera que las intervenciones no están atacando el verdadero problema.
“El problema es que capturan a los gatilleros, pero no desarticulan a quienes dirigen las bandas. Mientras las cabezas sigan libres, las organizaciones se reorganizan y continúan extorsionando. Por eso las empresas siguen pagando y el terror no desaparece”, manifestó.
Asimismo, cuestionó la falta de recursos para las unidades de investigación y señaló que las organizaciones criminales cuentan con mejor financiamiento y equipamiento que las autoridades encargadas de combatirlas.
Conductores abandonan el sector y emigran por la inseguridad
El incremento de la violencia también está provocando una reducción de la fuerza laboral en el transporte urbano. Según Ojeda, muchos conductores han decidido abandonar la actividad por temor a convertirse en nuevas víctimas de las mafias. “Actualmente existe un déficit cercano al 35% de conductores profesionales y esa falta de personal responde directamente a la inseguridad que vive el sector”, indicó.
El representante gremial advirtió que, mientras las extorsiones continúen expandiéndose y las bandas criminales mantengan el control de diversas rutas, la crisis seguirá afectando tanto a las empresas como a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público.
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