Los descuentos aplicados a trabajadores del Congreso de la República para transferir aportes a partidos políticos quedaron bajo cuestionamiento tras la difusión de una investigación de Punto Final. El reportaje revela un sistema de cheques y transferencias que permitió el traslado de recursos provenientes de descuentos por planilla hacia Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso.
Según la investigación, el equipo periodístico accedió a registros de operaciones bancarias efectuadas desde las cuentas del Congreso. La documentación permitió identificar los montos, beneficiarios y modalidades de pago utilizados entre 2022 y 2025.
Los registros muestran que Alianza para el Progreso recibió 459 mil soles, Perú Libre obtuvo 834 mil soles y Fuerza Popular acumuló más de un millón 333 mil soles. De acuerdo con el informe, los recursos procedían de descuentos aplicados a las remuneraciones de trabajadores afiliados a esas organizaciones políticas que figuraban en la planilla del Parlamento.
El reportaje también incorpora la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que sostiene que este tipo de descuentos no cuenta con respaldo en la normativa vigente. En la misma línea, el abogado laboralista Christian Sánchez afirma que el procedimiento carece de cobertura legal y puede generar responsabilidad administrativa.
La investigación además expone un incremento del personal contratado por el Congreso durante el actual periodo legislativo. Según los registros revisados, la institución pasó de 3.199 trabajadores en 2021 a 3.925 empleados hasta mayo de 2026.
El abogado laboralista Christian Sánchez sostuvo que el mecanismo afecta derechos laborales y carece de respaldo normativo. “Es un caso preocupante porque el trabajador ve afectada su remuneración para que ese dinero sea trasladado a un partido político. Y se utilizan los mecanismos de la entidad estatal, de la Oficina de Recursos Humanos, los recursos públicos, para gestionar transferencias de dinero a partidos políticos sin ninguna cobertura legal”, afirmó.
El especialista también expresó dudas sobre el carácter voluntario de los aportes. “Es una decisión arbitraria, es ilegal, genera responsabilidad administrativa. Y aun si estuviera admitido este caso por una norma expresa, que no lo está, la voluntariedad es dudosa, porque, al parecer, si el trabajador no aporta, ¿qué pasa? Le quitan su trabajo”, indicó.
Como parte del informe, Punto Final consultó al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la posibilidad de efectuar descuentos en planillas estatales destinados a partidos políticos.
La respuesta oficial precisa que la normativa vigente solo permite descuentos establecidos por ley, cuotas sindicales autorizadas por el servidor y mandatos judiciales expresos. También menciona los fondos de bienestar contemplados por la legislación.
El documento citado añade que “No se identificó algún partido político inscrito en el listado de fondos de bienestar autorizados”.
Sobre este punto, Christian Sánchez sostuvo: “No lo hay. Tal es así que el informe que hemos podido revisar del Ministerio de Economía y Finanzas así también lo establece. No hay cobertura legal. Consecuentemente, en el Estado yo no puedo ejecutar actos de administración o actos administrativos sin cobertura legal. Al no haber habilitación legal, es un acto arbitrario”.
La investigación identifica a la excongresista Karina Beteta como extesorera titular de Fuerza Popular durante parte del periodo analizado. El informe precisa que el Congreso confirmó que los pagos consultados correspondían a importes transferidos por concepto de descuentos en las planillas de remuneraciones.
Según los registros presentados, durante 2022 el partido recibió cuatro transferencias por 40.700 soles. En 2023 acumuló 339.950 soles mediante 28 transferencias. Durante 2024 obtuvo más de 427 mil soles distribuidos en 36 operaciones bancarias. El reporte añade que en 2025 los depósitos superaron el medio millón de soles.
La investigación también expone una escala de descuentos mensuales aplicada a congresistas, parlamentarios andinos, asesores, profesionales, técnicos, asistentes y auxiliares afiliados a la organización política.
El reportaje identifica a Ofelia Ríos Pacheco como tesorera de Perú Libre y presenta registros de cheques emitidos por el Congreso a favor del partido.
Entre los documentos revisados figura un cheque fechado el 15 de diciembre de 2025 por 24.279 soles. El informe también identifica otros once cheques emitidos entre agosto y diciembre de ese mismo año.
Las cifras recopiladas muestran que durante 2023 Perú Libre recibió recursos mediante siete cheques y nueve transferencias. En 2024 aparecen 39 transferencias. Para 2025 vuelven los cheques junto con nuevas transferencias.
La suma de las operaciones identificadas alcanza 834.357 soles provenientes de descuentos aplicados a remuneraciones de congresistas y personal de confianza contratado por el Parlamento.
La investigación señala que Luis Ricardo Mateo Alcaraz, tesorero de Alianza para el Progreso, recibió cheques emitidos por el Congreso para su posterior entrega al partido.
Consultado por el dominical, respondió: “Son aportes de los congresistas hacia el partido”.
Ante la pregunta sobre el mecanismo utilizado, añadió: “No es que es un convenio, es un acuerdo de la Mesa Directiva para que a través de los aportes de los congresistas se entregue al partido”.
Los registros revisados por el equipo periodístico muestran que durante 2022 el Congreso emitió doce cheques por 152 mil soles a favor de Alianza para el Progreso. En 2023 aparecen trece cheques por 107 mil soles. En 2024 figuran doce cheques por 104 mil soles y, durante 2025, otros desembolsos por 96 mil soles. El total identificado por la investigación asciende a 459 mil soles.
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