Luis Carranza, el gran favorito para ser nuevo ministro de Economía
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Propuestas económicas de Fuerza Popular y de Luis Carranza para impulsar el crecimiento y la inversión privada.
Carlos Paucar
Mailhy RojasEscucharResumenCompartir
Orden en la economía a nivel social y político, capitalismo popular, estabilidad macroeconómica, apuesta por la inversión privada, destrabe de grandes proyectos de infraestructura, autonomía del BCRP y equilibrio fiscal son algunos de los planteamientos que Luis Carranza ha desarrollado en sus últimas exposiciones públicas, como ocurrió la noche del domingo 24 de mayo en el Debate Técnico que organizó el Jurado Nacional de Elecciones.
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La misma Keiko Fujimori, en la campaña por la segunda vuelta, se refirió a lo «importante» de contar con Carranza en esa cartera y lo nombró vocero y defensor del modelo macroeconómico de Fuerza Popular. Otro hombre fuerte del keikismo, Luis Galarreta, lo calificó como «un lujo» para el país.
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El favorito de Keiko
Carranza se ha convertido en el favorito para ocupar el cargo de ministro de Economía y Finanzas (MEF) en el virtual gobierno de Keiko Fujimori, porque, además, sus principales propuestas figuran en el Plan de Gobierno 2026-2031 de Fuerza Popular, denominado «Perú con orden».
Carranza estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un doctorado en la Universidad de Minnesota y luego trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Llegó a ser presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y viceministro de Hacienda cuando Pedro Pablo Kuczynski fue titular de Economía en el régimen de Toledo.
En el 2006, llegó a ser ministro de Economía, en el primer gabinete del segundo gobierno de Alan García, de corte liberal, tan diferente a su primer mandato. Desde entonces, Carranza se posicionó como liberal en lo económico y en la ortodoxia en materia macroeconómica.
Quizás su idea más característica es que el crecimiento sostenible proviene fundamentalmente de la inversión privada y no del gasto estatal. Estima que la inversión privada es el único motor capaz de generar crecimiento sostenido, empleo formal y reducción de la pobreza. «El plan para levantar al Perú tiene tres pilares: orden económico, capitalismo popular y orden social.
En lo primero, respetar la autonomía del Banco Central, regresar al equilibrio fiscal. En capitalismo popular, vamos a impulsar fuertemente la inversión privada. Daremos créditos a pequeñas y medianas empresas», señaló en el Debate Técnico 2026. Para Carranza es prioridad la ejecución de miles de millones de soles en obras paralizadas.
Estima que el país tiene varios proyectos detenidos que podrían impulsar crecimiento, empleo y competitividad si se reactivan. Para él, la minería y la agroexportación son los sectores más exitosos de nuestra economía y deberían seguir siendo pilares del crecimiento.
Propuestas económicas de Fuerza Popular y de Luis Carranza
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Los 100 primeros días
En el Plan de Gobierno «Perú con orden» 2026-2031, de claro tinte carranzista, se estableció además lo que FP aspira a realizar en los primeros 100 días económicos de gestión: recuperar la confianza de inversionistas, simplificar el funcionamiento del Estado y acelerar la ejecución de inversiones públicas y privadas.
Su estrategia se basa en una premisa: si se reducen las trabas burocráticas y se garantiza la estabilidad política y jurídica, la inversión volverá a crecer, se crearán cientos de miles de empleos y el país recuperará dinamismo. Sin embargo, economistas e investigadores críticos indican que no basta eliminar trámites administrativos.
Conducir un país dividido no será fácil. Sostienen que reducir la burocracia ayuda, pero no resolverá por sí sola el problema de la inversión. Hay otros obstáculos mayores para el crecimiento, como la inseguridad ciudadana, los conflictos sociales, la debilidad institucional, la inestabilidad política y el descontento de algunas regiones.
Shock desregulatorio
Para los primeros 100 días de gobierno, Fuerza Popular ha propuesto un «shock desregulatorio». Plantean revisar y eliminar procedimientos administrativos considerados innecesarios, digitalizar permisos, fijar plazos máximos para autorizaciones y reducir la carga burocrática que enfrentan empresas y emprendedores.
El objetivo es acelerar las inversiones privadas y mejorar el clima de negocios. Sostienen que estas medidas permitirían atraer entre US$5.000 millones y US$7.000 millones adicionales de inversión privada cada año, además de impulsar la creación de unos 500.000 empleos formales en el quinquenio.
En los primeros 100 días anuncian que implementarán un programa de consolidación fiscal orientado a alcanzar el equilibrio de las finanzas públicas y la reducción gradual del déficit fiscal hasta 1% del PBI en 2031.
Proponen modernizar el Estado, eliminar procedimientos ‘redundantes’ con digitalización masiva y unificar normativas dispersas con la creación de una Ventanilla Única Digital Nacional con IA, además de simplificar licencias para empresas y MYPE.
Al respecto, sobre los 500.000 empleos formales y millones de dólares adicionales de inversión, especialistas observan que el Plan no explica cómo se obtienen esas proyecciones ni qué supuestos económicos han utilizado.
Y en lo que se refiere a la sostenibilidad de las finanzas públicas, indican que no se ve cómo financiarán compromisos sin deteriorar más las cuentas públicas. Sobre atraer hasta US$7.000 millones adicionales de inversión y generar 500.000 empleos formales, se estima que sería de difícil verificación en tres meses. Indican, por ejemplo, que la reactivación de proyectos paralizados dependerá de la coordinación con gobiernos regionales, municipales y organismos ambientales.
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