Necropsias evidencian brutalidad militar en matanza de Colcabamba
Horror. Los médicos legistas concluyeron que los efectivos del
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Ocho pasajeros viajaban en la camioneta atacada, cinco fueron asesinados y los otros tres se salvaron por la oscuridad. Foto: composición La República
Ángel PáezEscucharResumenCompartir
Los médicos legistas que cumplieron con el penoso encargo de practicar la necropsia de ley a los cinco cadáveres no dudaron en concluir que los autores del homicidio dispararon con el mismo objetivo: que nadie quedara con vida.
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El
Por esta razón, los médicos legistas, doctores Jesús Villarreal Parra, Lizet Arteaga Mascaró y Milton Hurtado Vila, no dudaron en dejar por escrito que los cinco jóvenes habían sido víctimas de un asesinato, aunque sin decirlo de esta forma tan cruda: fue brutal.

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El informe de los profesionales señala desde el primer párrafo: “El análisis médico-legal de las necropsias disponibles evidencia que la totalidad de las muertes examinadas tiene como causa directa lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, con compromiso de estructuras anatómicas vitales”.
“En todos los casos, los hallazgos describen traumatismos severos localizados principalmente en la región craneoencefálica y en el tórax, incluyendo daño a órganos críticos, como encéfalo, corazón y pulmones, así como cuadros hipovolémicos (grave pérdida de sangre) derivados de dichas lesiones”, precisa el documento en el que los médicos legistas señalan sus conclusiones.
Los
“Desde el punto de vista de la distribución anatómica, se identifica un patrón consistente caracterizado por la concentración de impactos en zonas de alta relevancia funcional para la vida. La región craneoencefálica constituye el centro neurológico esencial, cuya afectación produce pérdida inmediata de funciones vitales, mientras que el tórax alberga órganos cuya lesión compromete de forma directa la circulación y la respiración. La observación de regiones focalizadas de manera anatómica específica es el predominio para estos cinco cuerpos”, describen los médicos legistas.

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Sobre la base de las necropsias,
Estas conclusiones de los médicos legistas fueron citadas por el fiscal especializado en Derechos Humanos de Junín, Johel Chamorro Macukachi, en la disposición que emitió el primero de junio de este año, en la que imputa a los ocho militares implicados el delito de homicidio calificado. Y las ratificó durante la audiencia judicial en la que solicitó prisión preventiva para los imputados.
El fiscal Chamorro también dijo ante el juez José Matos Centeno que los
Durante las diligencias, el jefe de la patrulla, capitán EP Luis Montenegro Pardo, guardó silencio ante las preguntas de la fiscalía. Los otros siete implicados bajo el mando de Montenegro repitieron el guion: se abstuvieron de responder a las preguntas de la autoridad. Por eso, el juez Matos ordenó prisión por 12 meses.
Desde el primer comunicado que difundieron sobre la matanza del sábado 25 de abril, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional evidenció el propósito de no decir la verdad, de esconderla, de enterrarla: atribuyeron acciones falsas a las víctimas para justificar el quíntuple homicidio.
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El comunicado dice que “una patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico”, pero las pericias indican que los ocupantes de la camioneta no dispararon. “Ante el riesgo real e inminente, el personal (los integrantes de la patrulla) refiere su actuación en legítima defensa”. Las necropsias contradicen esta versión: los militares dispararon sin dejar la posibilidad de que los civiles reaccionaran, ni siquiera para que emitieran una palabra.
“Las trayectorias lesionales descritas en los protocolos de necropsia son compatibles con mecanismos de alta letalidad”, resaltan los médicos legistas: “Este tipo de lesiones reduce significativamente la posibilidad de supervivencia, incluso en escenarios donde pudiera existir atención médica inmediata, lo que indica una eficacia lesiva considerable”.
Es decir,
Los miembros de la patrulla, desde los oficiales hasta los subalternos, sabían el daño irreversible que iban a causar.
Los peritajes balísticos de los fusiles Scar-L que les fueron incautados a los ocho militares a pocas horas de la matanza indican que habían sido usados muy recientemente. Todos dispararon al vehículo para matar a sus ocupantes, bajo la creencia de que en el interior había un cargamento de droga. No había ni un gramo de cocaína.
Los testigos que han declarado a la fiscalía coinciden en que los
El Ejército reportó al fiscal del caso que se les asignaron a los efectivos 3.320 proyectiles, pero cuando se les intervino, guardaban 1.569. Es decir, casi la mitad (47%) había sido usada.
La idea era que nadie quedara con vida. Pero no hay crimen perfecto.

- Ejército peruano
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