Una fiscalía estatal acusó a un periodista de terrorismo por su cobertura. Un tribunal ordenó a un columnista que borrara un artículo que relacionaba a una candidata con redes criminales. Una jueza prohibió a un periódico mencionar a una gobernadora a menos que su contenido fuera autorizado por un revisor judicial.
Los ejemplos, todos del último año, forman parte de una tendencia al alza en todo México: los políticos y los funcionarios están utilizando las leyes del país
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México lleva mucho tiempo siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahora, a través de demandas y órdenes judiciales, la prensa mexicana se enfrenta a un nuevo obstáculo menos visible que las amenazas de muerte y las balas, pero también capaz de silenciar.
Estas prácticas, según expertos y periodistas, han llevado a algunas personas a autocensurarse o a evitar cubrir ciertos temas o figuras políticas por miedo a la ruina económica, a litigios interminables o a la cárcel.
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“Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el poder judicial para amedrentar”, dijo
Quienes defienden las leyes suelen argumentar que su uso es legítimo. La senadora responsable de gran parte del marco legal mexicano contra la violencia de género, por ejemplo, rechazó la idea de que las mujeres políticas estuvieran haciendo un uso indebido de estas protecciones para silenciar la crítica.
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“Sí hay periodismo, lo tengo que reconocer, que es muy leal a sus principios”, dijo la senadora,
Mícher dijo que estaría dispuesta a revisar cómo se están resolviendo los casos. “Nosotras no estamos abusando de esas leyes”, afirmó.
Sin embargo, a principios de este año, la
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Artículo 19 documentó 69 casos de este tipo en 2025, una cifra récord que supera en más del triple la del año anterior. La mayoría de los litigios contra los medios de comunicación fueron impulsados por partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos. El año pasado, Artículo 19 hizo un seguimiento de la aprobación de al menos ocho leyes estatales y federales que coartan la libertad de expresión.
México está viviendo “el abuso de estas figuras”, dijo
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Una relación tensa
La relación entre las autoridades mexicanas y la prensa siempre ha sido complicada.
Durante el gobierno de partido único que se mantuvo en México durante décadas,
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Pero esa mayor libertad trajo consigo una escalada de tensiones en las décadas siguientes, cuando los periodistas se vieron atrapados en el fuego cruzado entre la corrupción gubernamental y el crimen organizado.
Durante algunos sexenios, el gobierno gastaba cientos de millones de dólares al año de dinero público en publicidad, lo que llegó a ser tan importante para las finanzas de los medios de comunicación que los funcionarios lo usaban como herramienta de presión para evitar que algunos reportajes salieran a la luz, controlar las portadas e intimidar a las redacciones que les eran incómodas.
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El gasto en publicidad oficial se redujo drásticamente durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018. En su lugar, empezó a celebrar ruedas de prensa matutinas casi a diario, retransmitidas en vivo. Desde esa plataforma, conectaba con su base y marcaba la agenda informativa, pero también desacreditaba, se burlaba y exponía de forma habitual a los periodistas que cuestionaban sus políticas o publicaban reportajes de investigación. Llegó incluso a revelar sus ingresos o a divulgar sus datos personales.
Su sucesora y protegida, Claudia Sheinbaum, ha adoptado un tono menos combativo. A menudo defiende la libertad de prensa y afirma que su partido, Morena, se opone a cualquier forma de censura.
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“Si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona”, dijo en enero. Pero, añadió, “siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo”.
Sin embargo,
“No es una censura, es una opinión”, dijo Sheinbaum el mes pasado sobre su llamado al boicot. “No estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora”.
La estigmatización por parte de los principales líderes del país ha animado a otros a emprender represalias legales, según expertos. Los más vulnerables a ese tipo de acoso, dijo el historiador Paxman, son los reporteros que quizá no tengan los recursos o la reputación necesarios para defenderse.
Una nueva herramienta para la censura
Todo empezó con un spot de radio de un minuto. Tres hermanos le pedían a su influyente padre que les comprara candidaturas para las próximas elecciones de 2024, y discutían sobre quién se presentaría por qué partido.
La cápsula satírica, emitida en Radio Teocelo —la emisora comunitaria que también la produjo—, no mencionaba nombres, partidos políticos reales ni lugares concretos.
Pero
Según argumentó en documentos judiciales revisados por The New York Times, la cobertura restó importancia a su trayectoria y perjudicó sus posibilidades de ganar las elecciones.
En abril de 2025, un tribunal federal declaró culpables a cinco periodistas de violencia política de género por “minimizar” a Chama Villa “al supeditarla a una figura masculina con poder político”, dijo el tribunal en su sentencia.
Chama Villa no respondió a preguntas específicas, pero dijo que su caso
Las sanciones fueron contundentes: multas que superaban el salario de un mes, disculpas públicas obligatorias, la retirada de la pieza de radio y de todos los artículos denunciados, y la inclusión en un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Cuando periodistas, analistas y organizaciones la sociedad civil criticaron el veredicto, el caso escaló a nivel nacional y fueron notificadas unas 70 personas.
“Se habla de la libertad de expresión, del derecho a la información, pero todo eso está en letra muerta”, dijo
También se ha atacado a otras personas ajenas a los medios de comunicación.
A principios de este año, un tribunal sancionó a Miguel Alfonso Meza, un activista anticorrupción, por violencia política de género contra Silvia Delgado, una abogada que representó al famoso narcotraficante
Cuando el tribunal revocó después parte de las sanciones impuestas a Meza, Delgado dijo que impugnaría esa sentencia. Su objetivo, añadió en una entrevista, no era “silenciar a nadie, es para proteger mi dignidad”.
“Al describir mi candidatura como altamente peligrosa y compararme con otros candidatos investigados por narcotráfico”, dijo sobre Meza,
‘El miedo no se me ha quitado’
La Nochebuena pasada,
Lo estaban arrestando.
La fiscalía del estado de Veracruz lo acusó de terrorismo, al argumentar que su cobertura sobre los cárteles provocaban pánico entre la población. También lo acusaron de obstrucción, porque solía llegar antes que la policía a los lugares de los hechos, y de aceptar sobornos de los grupos delictivos. Después de que Sheinbaum cuestionara de manera pública los fundamentos jurídicos de la acusación, se retiraron los cargos de terrorismo.
La fiscalía general de Veracruz no respondió a una solicitud de comentarios.
León, que niega las acusaciones en su contra, pasó casi un mes bajo arresto domiciliario. Todavía se enfrenta a otros cargos y ha dejado de cubrir noticias con la misma frecuencia que antes.
“El miedo no se me ha quitado”, dijo. “Ya mucha gente se ha dado cuenta. Dicen que no soy el mismo”.
Los litigios de este tipo de casos pueden ser muy técnicos y pueden terminar sofocando a los medios de comunicación.
Tribuna de Campeche fue uno de los cinco periódicos impresos que circulaban en el estado de Campeche y que cerraron sus operaciones físicas y pasaron solo a plataformas digitales tras la presión financiera y legal del gobierno.
“La gobernadora los comenzó a atosigar con la cuestión de impuestos, con perseguir al personal, con la cuestión de demandas, con el hecho de cancelar su publicidad”, dijo Jorge Luis González, exdirector de Tribuna, que se ha enfrentado a múltiples acciones legales por parte de la gobernadora del estado, Layda Sansores.
Un vocero de Sansores,
El verano pasado, un juez prohibió a González publicar cualquier cosa relacionada con Sansores y ordenó a Tribuna que remitiera todo el contenido en el que se la mencionara a un revisor judicial para que lo autorizara antes de su publicación. Esa orden no entró en vigor porque el equipo de defensa de los periodistas presentó un amparo.
Por esos meses, Sheinbaum restó importancia a las preocupaciones de que se estuviera coartando la libertad de prensa.
“¿Dónde hay censura en México?, dijo a los periodistas. “Todos pueden decir lo que quieran y a nadie se le persigue”.
© The New York Times 2026.
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