REUTERS/Karen Toro
El presidente de Ecuador,
Las provincias bajo la medida son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Se suman los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar, y La Troncal, en Cañar.
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El estado de excepción suspende los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permite a la Policía y las Fuerzas Armadas registrar inmuebles e interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa cuando existan indicios de la presencia de integrantes de grupos armados organizados, armas o sustancias sujetas a fiscalización. A diferencia del estado de excepción anterior, que incluyó toques de queda nocturnos en ciudades como Quito y Guayaquil, el Decreto 423 no contempla esa restricción.
Según informes del Centro Nacional de Inteligencia citados en el decreto, la violencia obedece a dinámicas diferenciadas por zona. En la costa, las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo atraviesan una reconfiguración criminal, mientras que Santa Elena y Esmeraldas registran un incremento sostenido de violencia.
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El contexto estadístico es contundente. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia reciente, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. En 2020, esa tasa era de 8,1. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado ubica al país en el cuarto lugar mundial en su índice de criminalidad. El primer trimestre de 2026 mostró una leve reducción interanual de 550 homicidios menos que en el mismo período de 2025, pero el repunte registrado entre mayo y junio sugiere que esa tendencia no se consolidó.
El decreto anterior, que abarcó nueve provincias, entró en vigor el 2 de abril y expiró el 31 de mayo. Con el nuevo,
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