Juntos Por el Perú presenta nuevo plan de gobierno: conoce las nuevas propuestas del partido a días de la segunda vuelta
El documento de
- Hernando Cevallos: «No veo ninguna intención de Juntos por el Perú de salir a estatizar»
- Keiko Fujimori no mencionó ningún caso de violaciones a los derechos humanos durante su presentación en el debate
Nuevo plan de gobierno es presentado días antes de la segunda vuelta. Foto: composición LR
Ariadna YayaEscucharResumenCompartir
A pocos días de la segunda vuelta electoral,
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La propuesta busca marcar distancia de las políticas impulsadas en los últimos años y plantea una mayor participación del Estado en áreas consideradas estratégicas. Entre las medidas destacan cambios en el sistema político, nuevas reglas para actividades extractivas, fortalecimiento de programas sociales y una reforma de la política exterior peruana.
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El texto también incorpora iniciativas que han generado debate en campañas anteriores, como el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos, la ratificación del Acuerdo de Escazú, la creación de un servicio civil obligatorio no acuartelado y el impulso de una mayor integración latinoamericana.
Además, el documento propone nuevas instituciones públicas, mecanismos de control estatal sobre recursos estratégicos y medidas dirigidas a los más de tres millones de peruanos que residen fuera del país. Varias de estas iniciativas tendrían que pasar por reformas legales o constitucionales para concretarse.
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Propuestas en la dimensión institucional
Uno de los principales ejes del documento plantea fortalecer la lucha contra la corrupción y recuperar la confianza en las instituciones públicas. Para ello, el partido propone mejorar los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas en todos los niveles del Estado.
La propuesta también incluye medidas para reforzar la independencia de organismos de control y justicia. El objetivo es garantizar investigaciones más rápidas y evitar interferencias políticas en procesos relacionados con corrupción o abuso de poder.
En materia de participación ciudadana, el plan contempla ampliar espacios de vigilancia social y fortalecer mecanismos de consulta para que la población tenga mayor incidencia en decisiones públicas de alcance nacional y regional. A diferencia de su primer plan de gobierno, en este nuevo documento no se incluye la propuesta de una Asamblea Constituyente, pero sí se retoma la idea de fortalecer el derecho al referéndum como mecanismo de consulta ciudadana.
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Dimensión económica: impuestos, industrialización y recursos estratégicos
En el ámbito económico,
Entre las propuestas figura la aplicación de impuestos a las ganancias extraordinarias de actividades extractivas. Parte de esos recursos financiarían programas de restauración ambiental, infraestructura y proyectos de desarrollo en diversas regiones del país.
El plan promueve el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante créditos, asistencia técnica y acceso a nuevos mercados. También plantea impulsar cadenas productivas vinculadas a la agricultura, manufactura, innovación tecnológica y economía circular.
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Infraestructura y servicios básicos
El documento señala que persisten brechas importantes en acceso a agua potable, saneamiento, transporte y conectividad. Por ello, propone una intervención más activa del Estado para ampliar la cobertura de servicios esenciales.
Una de las medidas contempla la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes. La propuesta busca reducir la contaminación de ríos y mejorar la calidad ambiental en zonas urbanas.
Además, plantea fortalecer la infraestructura en zonas rurales y de frontera mediante proyectos ejecutados con apoyo de la ingeniería militar. El objetivo es mejorar carreteras, comunicaciones y acceso a servicios básicos en territorios con menor presencia estatal.
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Dimensión social: salud, educación y protección de derechos
En materia social, el plan propone ampliar la cobertura de salud y fortalecer la atención en zonas vulnerables. También plantea garantizar el cumplimiento de programas dirigidos a poblaciones afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias tóxicas.
Respecto a educación, el documento apuesta por mejorar la formación docente, fortalecer la educación intercultural bilingüe y ampliar programas dirigidos a comunidades indígenas y sectores históricamente excluidos.
El texto también incorpora propuestas relacionadas con igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación. Entre ellas figura la capacitación obligatoria de servidores públicos en derechos humanos y mecanismos para mejorar la atención de denuncias por actos discriminatorios.
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Cultura y medio ambiente: los cambios más ambiciosos del documento
Uno de los planteamientos más llamativos es el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos. La propuesta busca otorgar protección especial a ecosistemas, ríos y cuencas, además de priorizar el acceso al agua como derecho humano.
En el plano ambiental, el partido plantea derogar la denominada «Ley Antiforestal», combatir la deforestación en la Amazonía y prohibir la minería metálica en la Amazonía baja. También propone restaurar 500.000 hectáreas de ecosistemas degradados y fortalecer entidades como OEFA, ANA y SENACE.
En cultura, el documento plantea crear el Ministerio de las Culturas, impulsar una ley general de la cocina peruana, fortalecer bibliotecas públicas y promover una cuota de pantalla para producciones cinematográficas nacionales con representación regional.
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Política internacional y propuestas para los peruanos en el exterior
En política exterior,
El plan también incluye medidas vinculadas a la defensa nacional. Entre ellas destacan la desclasificación de información sobre hechos de violencia estatal ocurridos entre 1980 y 2000, así como entre 2022 y 2025, además del fortalecimiento de la ciberdefensa y la modernización de las Fuerzas Armadas.
Para los peruanos residentes en el extranjero, la agrupación propone crear una Ley de Derechos de los Peruanos en el Exterior, implementar un censo de migrantes peruanos, mejorar los servicios consulares y establecer mecanismos públicos para facilitar el envío de remesas mediante el Banco de la Nación.
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