Economía25 May 2026 | 19:40 h

Beca 18: presentan demanda de amparo para restituir las 20.000 becas anunciadas tras recorte de plazas

Los demandantes, que incluyen

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Estudiantes exigen restituir las 20.000 becas anunciadas. | DifusiónRosa GrandezEscucharResumenCompartir

La reducción de plazas de

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Aunque el Estado informó públicamente que entregaría 20.000 becas, finalmente solo se habilitaron 5.184 plazas mediante la

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Más de 97.000 jóvenes rindieron el

La defensa legal está a cargo de

Beca 18: estudiantes acusan vulneración al derecho a la educación

Según explicó Saldaña, la demanda agrupa a tres sectores afectados directamente por el recorte. El primero está conformado por estudiantes preseleccionados que esperaban acceder a las becas para iniciar estudios superiores este año. El segundo incluye a jóvenes que rindieron el examen, pero quedaron fuera tras la reducción de vacantes. Finalmente, también participan actuales beneficiarios del programa, quienes buscan defender Beca 18 como política pública. ‘Estamos especialmente defendiendo a 90.000 jóvenes que tenían esa expectativa en el Perú’, afirmó el abogado.

Los demandantes sostienen que el recorte vulnera principios constitucionales vinculados al derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, especialmente para jóvenes en situación de pobreza o de zonas históricamente excluidas.

‘El derecho a la educación es un derecho social y la obligación del Estado es garantizarlo progresivamente. Nunca puede retroceder en lo que ya se ha avanzado’, sostuvo Saldaña.

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En esa misma línea, Silvana Rojas, una de las demandantes del proceso, aseguró a este diario que la reducción de plazas afecta principalmente a estudiantes que dependen completamente del programa para acceder a educación superior.

‘Consideramos que hay una grave vulneración al derecho a la igualdad y la no discriminación. Quienes acceden a este programa son personas de comunidades campesinas, nativas y rurales’, manifestó.

Rojas recordó que muchos beneficiarios de Beca 18 provienen de contextos de pobreza o vulnerabilidad extrema, por lo que la beca representa una oportunidad única para cambiar sus condiciones de vida. ‘El derecho a la educación no es un gasto, es una inversión a largo plazo’, afirmó.

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Cuestionan manejo del presupuesto e irregularidades en el proceso

La demanda también cuestiona la forma en que el Ejecutivo manejó el presupuesto destinado a Pronabec y denuncia presuntas irregularidades durante el desarrollo de la convocatoria. ‘Hemos identificado una tremenda irresponsabilidad e incompetencia al momento de asignar el presupuesto’, señaló Saldaña.

Según explicó, el anteproyecto presupuestal enviado por el Minedu no contemplaba adecuadamente los recursos necesarios para garantizar las 20.000 becas anunciadas. ‘Incluso cuando hubo reclamos, el Ministerio de Economía respondió que ya no había posibilidad de subsanarlo’, indicó.

Por su parte, Rojas sostuvo que los postulantes no recibieron información clara durante el proceso y que las respuestas brindadas por las autoridades fueron insuficientes frente a la magnitud del problema.

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‘Nunca se dio una explicación clara, justificada y detallada sobre las responsabilidades de los funcionarios ni sobre por qué ocurrió el recorte’, afirmó.

La representante estudiantil también cuestionó que el ajuste presupuestal afectara a la educación mientras otros sectores recibían mayores recursos por parte del Estado. ‘Vemos que se recorta presupuesto a un sector tan clave como educación, pero al mismo tiempo se incrementan partidas para otros sectores’, sostuvo.

Buscan sentar un precedente para futuras convocatorias

Además de exigir la restitución de las becas correspondientes a esta convocatoria, los demandantes buscan que el

‘Estamos planteando una reforma estructural para que no se vuelva a desfinanciar de esa manera y se garanticen como mínimo las 20.000 becas comprometidas’, explicó Saldaña.

La acción legal ocurre en un contexto de creciente dificultad para acceder a estudios superiores en el país. Mientras las universidades públicas enfrentan problemas institucionales y presupuestales, las privadas continúan elevando sus costos, situación que golpea especialmente a estudiantes de bajos recursos.

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En ese escenario,

Rojas aseguró que la demanda también busca sentar un precedente frente a decisiones estatales que, según indicó, afectan derechos fundamentales de miles de jóvenes. ‘Queremos que estas decisiones discrecionales en sectores claves como educación no vuelvan a darse afectando derechos’, concluyó.

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