21/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/06/2026
La controversia por el voto en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial en Perú escaló al plano parlamentario. Juntos por el Perú (JPP), a través de su personero legal, Pablo Salas Charca, presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos José Pareja Ríos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
El documento acusa al ministro de haber incurrido en fraude electoral, obstrucción de actos electorales y omisión de funciones, vinculando directamente a la Cancillería con la supuesta vulneración de la cadena de custodia del material electoral proveniente del exterior.
La acusación, difundida por el periodista Alonso Ramos, se sostendría en que la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, emitida días antes de la segunda vuelta, permitió cambios sustanciales en el manejo de las actas y cédulas de los peruanos en el extranjero. Este punto es uno de los más señalados por la agrupación, también comentado por su abogado, Walter Ayala.
Según JPP, la Cancillería, bajo la dirección de Pareja, ejecutó esas disposiciones de manera irregular, facilitando la fusión de mesas, la designación de miembros por parte de cónsules y el traslado físico en valijas diplomáticas en lugar de la digitalización inmediata.
El documento invoca artículos de la Constitución y del Código Penal, solicitando que se abra un juicio político por infracción constitucional y un antejuicio por delito funcional. Para JPP, estas medidas constituyen una alteración del proceso electoral y un fraude que amerita sanción parlamentaria.
Denuncia Constitucional acusa a Canciller de fraude electoral
Cabe recordar que casi dos meses antes, el 9 de febrero, la ONPE había emitido la Resolución Jefatural N.° RJ-21-2026-JN, que introdujo el escaneo de actas en plena primera vuelta.
En ese momento, pese a que también se trataba de un ajuste en medio del proceso, no hubo denuncias de nulidad. El resultado favoreció a JPP, que logró pasar a segunda vuelta. Ahora, el mismo tipo de disposición es usado como argumento legal para invalidar el voto extranjero, evidenciando una estrategia política más que jurídica.
Resolución Jefatural que disponía la digitalización de las actas también se realizó en medio proceso electoral.
La ONPE y la Cancillería ya han defendido la legalidad de las medidas. La ONPE insiste en que se trató de lineamientos operativos que no modificaron la ley, mientras que la Cancillería asegura que se cumplió una cadena de custodia rigurosa en las 119 oficinas consulares, con valijas lacradas y coordinación logística.
Pareja, en declaraciones previas, subrayó que su ministerio actuó como brazo operativo de la ONPE y que no hubo irregularidades en el traslado del material electoral.
📄Comunicado de Prensa 026-26: Sobre el proceso electoral en el exterior.👉 https://t.co/fR2AU8Uxt1 pic.twitter.com/GUJQtvo0eJ
La denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja marca un nuevo capítulo en la disputa electoral. Juntos por el Perú busca trasladar la controversia al Congreso, acusando directamente a la Cancillería de fraude.
Sin embargo, la comparación con la primera vuelta revela una disyuntiva: para entonces también se emitieron resoluciones en medio del proceso, pero no fueron cuestionadas en paralelo que el resultado favoreció a la agrupación. Hoy, el recurso se convierte en una herramienta para intentar invalidar el voto extranjero y sostener la narrativa de vulneración.