Congreso y JNJ persiguen a los jueces que rechazan las leyes pro crimen
Los jueces de la Corte Penal Nacional se encuentran en la mira del poder político. A la suspensión por seis meses del juez Richard Concepción Carhuancho se suma un proceso disciplinario contra el
- Alfredo Torres denunciaría a López Aliaga por acusar a Ipsos de corrupción: «Ha cruzado la raya»
- Capturan a general PNP prófugo acusado de pagar soborno de S/ 100 mil a jueza
En el Poder Judicial hay preocupación por la arremetida política contra los jueces | Poder Judicial | Difusión – Poder Judicial
César Romero CalleEscucharResumenCompartir
El Congreso de la República, bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi, y la Junta Nacional de Justicia, dirigida por la excongresista de Podemos María Teresa Cabrera, están decididos a “barrer” de la magistratura a todos los jueces que se oponen a las leyes procrimen y de impunidad promovidas por el pacto que controla el Ejecutivo y el Legislativo.
Únete a nuestro canal de política y economía
Así, el lunes 8 de junio, a propuesta de Cabrera, el pleno de la JNJ acordó, por mayoría y con el voto dirimente de su vicepresidente Víctor Hugo Chanduví, suspender por seis meses al juez de investigación preparatoria nacional
TE RECOMENDAMOS
KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Al juez Concepción Carhuancho se le atribuye haber utilizado una imagen del procesado Nicanor Boluarte en un evento académico, en una institución educativa no universitaria, sobre la prisión preventiva. Además, se le cuestiona por cantar “Triciclo Perú”. Días antes, la JNJ confirmó la no ratificación como fiscal provincial de Lima del abogado José Domingo Pérez, que de esta manera queda definitivamente fuera del Ministerio Público.
En este contexto, se conoció que, a fines de mayo último, la
Leyes procrimen y de impunidad
Juez Jorge Chávez Tamariz
Concepción Carhuancho y Chávez Tamariz se han negado a aplicar la Ley 32107 por contravenir el derecho convencional, al pretender establecer en el Perú la prescripción de los delitos contra los derechos humanos, en contra de los tratados internacionales.
En tanto, Chávez Tamariz ha dicho que “el derecho de amnistía (perdón de los delitos) dispuesto por el parlamento y promulgado por la presidenta (Dina Boluarte), es anticonvencional y no supera a otros derechos enfrentados como el derecho a la verdad, resuelto por la Corte IDH en el caso Barrios Altos v. Perú del 2001, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del artículo 139, inciso 3 de la y del artículo 44 de la Constitución Política que impone al Estado los deberes como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, aunado al ejercicio de la persecución penal que le es competente en monopolio al Ministerio Público”.
Chávez Tamariz también se ha opuesto a otras leyes procrimen aprobadas en el Parlamento. “
Esto los ha puesto en la mira del poder político, en especial del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que presiona para “barrer” de la magistratura a los jueces que se enfrentan al poder y sus leyes. Rospigliosi se ha involucrado directamente en el proceso disciplinario contra el juez Chávez Tamariz. Este magistrado es también víctima de un intento de destruir su imagen con publicaciones que no se ajustan a la verdad sobre su vida familiar, de acuerdo con fuentes judiciales. Se trata de una práctica que recuerda las campañas de demolición del régimen fujimorista de los años 90, a través de los diarios chicha.
Denuncias desde el poder político
Fernando Rospigliosi busca someter la magistratura a los intereses políticos
La resolución que comunica el inicio de la investigación disciplinaria contra el juez Chávez Tamariz informa que este proceso se inicia ante
Lo que supone que, en el fondo, la Junta Nacional de Justicia pretende que los jueces resuelvan en un solo sentido: el que establece el Congreso, sin importar los tratados y la jurisprudencia internacional reconocidos por la Constitución de 1993 y diversas convenciones suscritas por el Perú. Además, eso es justamente lo que hace la mayoría de la Junta. Al decidir investigar a Chávez, recoge con exactitud el criterio interpretativo de Montoya y Rospigliosi. Ambos dicen, y eso acoge la Junta, que el juez habría cometido una falta grave al apartarse de lo resuelto por el Tribunal Constitucional.
Además, el almirante Montoya subraya que el magistrado comete falta grave al utilizar analogías y equiparar los hechos que está analizando con los juicios de Núremberg y hacer referencia al proceso contra el criminal de guerra Adolf Eichmann, lo que supuestamente agraviaría a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es de advertir que los jueces no juzgan a una determinada institución, como pueden ser las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los magistrados resuelven sobre conductas de ciudadanos específicos.
Así, al decidir investigar al mencionado juez de investigación preparatoria, lo que se va a evaluar no es su conducta, sino sus razonamientos y argumentos en una resolución judicial por el simple hecho de que al Congreso o a quienes controlan el Parlamento no les parecen correctos, consideran en el Poder Judicial.
Ofensiva jurídica y el caso Lava Jato
Los procesos disciplinarios a José Domingo Pérez son movidos por una venganza política del fujimorismo
En medio de esta persecución contra los jueces, que incluye la no ratificación del juez Oswaldo Ordoñez y del fiscal José Domingo Pérez y la destitución de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, se registran nuevos acuerdos tomados en el Parlamento que generan conflictos adicionales con la magistratura. El último viernes, el pleno del Congreso aprobó una norma que pretende trasladar al fuero privativo militar todos los delitos cometidos por policías y militares, incluso en contra de las mismas leyes del servicio militar que ya habían zanjado en el 2006 que los delitos comunes son de jurisdicción del Poder Judicial.
De esta manera, los nueve policías de la Comisaría de Vitarte que habían constituido una red para pedir coimas a transportistas de la Carretera Central, a quienes proponían beneficiarlos no imponiéndoles papeletas de tránsito a cambio de fuertes sumas de dinero, pasarían a ser juzgados por el fuero militar, pues cometieron este delito utilizando sus uniformes y durante el servicio policial.
Lo mismo pasará con los ocho miembros de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N.° 31 del Ejército, que participaron en un operativo que concluyó con el asesinato de cinco jóvenes que se desplazaban en un vehículo en la zona de Colcabamba (Tayacaja, Huancavelica), el 25 de abril.
Para rematar, el pleno del Congreso aprobó con 80 votos el informe de la Comisión Investigadora del caso Odebrecht, que concluye acusando a los exfiscales de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, a los fiscales del caso Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez, a los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, y al periodista Gustavo Gorriti de haber favorecido a la empresa brasileña en el acuerdo de colaboración eficaz.
Prefiero a La República en Google