Gobierno reconoce que 21,6 millones de peruanos consumen agua de calidad insuficiente
La nueva política de
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Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 busca beneficiar a más de 34 millones de habitantes en Perú | Foto: Andina
Valeria TossoEscucharResumenCompartir
Cerca de seis de cada diez peruanos aún carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, una situación que expone a millones de personas a mayores riesgos para la salud y refleja las profundas brechas que persisten entre las zonas urbanas y rurales. En este contexto, el
“En términos de calidad siempre va a existir un riesgo sanitario, principalmente por la presencia de patógenos en el agua”, advirtió a
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El diagnóstico que sustenta esta política identifica a 21,6 millones de personas que consumen agua en condiciones no óptimas y plantea una hoja de ruta para ampliar el acceso a servicios seguros de agua y saneamiento para los más de 34 millones de habitantes del Perú.
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Solo 37,6% de peruanos accede a agua potable gestionada de manera segura
El diagnóstico contenido en la política nacional revela que apenas el 37,6% de la población cuenta con acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. En términos absolutos, esto equivale a aproximadamente 12,4 millones de personas. En contraste, el 62,5% de los peruanos no accede a este tipo de servicio, lo que evidencia la magnitud del problema que busca atender la nueva política pública.
Población con acceso a agua potable y saneamiento
La situación resulta aún más crítica en materia de saneamiento. De acuerdo con la información oficial, solo el 33,6% de la población accede a servicios de saneamiento gestionados de manera segura, mientras que el 66,4% permanece afectado por esta brecha.
El Gobierno identifica este limitado acceso como un problema público que repercute directamente en la salud, el desarrollo infantil, la productividad económica y la conservación de los ecosistemas.
En esa línea, el especialista explicó que las deficiencias no solo están en la normativa, sino en la operación del sistema: “Hay sectores donde aún existen fallas entre las empresas prestadoras de servicios y las municipalidades que administran el saneamiento”, señaló. Añadió que el problema también está en la falta de equipamiento, personal y control de calidad del agua en campo.
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Brecha entre el campo y la ciudad
La nueva política identifica al ámbito rural como el más afectado por esta problemática. Según datos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) de 2024, apenas el 4% de la población rural accede a agua potable gestionada de manera segura. En las ciudades, aunque la situación es mejor, la cobertura alcanza solo al 45,7% de la población.
La diferencia también aparece en los servicios de saneamiento. Mientras el 42,7% de los habitantes de zonas urbanas cuenta con saneamiento gestionado de manera segura, en el ámbito rural la cifra se reduce a 10,3%.
El documento atribuye estas brechas a factores como la dispersión de las viviendas, las dificultades geográficas y las limitaciones para llevar infraestructura a localidades alejadas, especialmente en áreas rurales dispersas.
Brecha entre zonas urbanas y rurales en acceso a agua potable y saneamiento en Perú
Al respecto, el ingeniero precisó que el problema también responde al “desorden poblacional”, ya que muchas comunidades se asientan en zonas sin planificación ni condiciones para infraestructura básica, lo que encarece o incluso impide la llegada del servicio.
También indicó que en muchos casos el acceso requiere bombeo o incluso ósmosis, lo que eleva el costo del servicio.
Metas al 2050 para cerrar brechas
La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 establece objetivos orientados a mejorar la cobertura y la calidad de los servicios.
Entre sus principales metas figuran elevar el acceso a agua potable gestionada de manera segura del actual 20,7% al 70,5% hacia el año 2050. Asimismo, plantea incrementar el acceso a saneamiento gestionado de manera segura de 34,7% a 70,2%.
La estrategia también busca aumentar el tratamiento seguro de aguas residuales del 47,1% al 76,8%, con el fin de reducir riesgos sanitarios y ambientales.
El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, sostuvo que la política permitirá mejorar la calidad de vida de millones de personas mediante servicios básicos dignos y confiables.
Sin embargo, el especialista advirtió que los diagnósticos del sector suelen no profundizar en las zonas más alejadas. “Muchos planes no consideran adecuadamente la cobertura rural dispersa”, señaló.
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Impacto en salud, economía y desarrollo
El decreto señala que la falta de acceso seguro al agua potable y al saneamiento contribuye a una alta prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA), las cuales afectan especialmente a la población infantil y limitan el desarrollo temprano.
Además, el documento advierte que estas carencias generan pérdidas económicas asociadas a una menor productividad laboral y contribuyen al deterioro de los servicios ecosistémicos, factores que profundizan la exclusión social y la pobreza multidimensional.
El ingeniero coincidió en este punto al señalar que el problema no es solo de cantidad, sino de calidad del servicio: “Se recibe agua, pero no necesariamente agua segura”, indicó, al remarcar que la falta de control operativo y capacitación técnica agrava la situación.
“Cantidad viene de la mano con calidad. Muchos de los sectores no cuentan con calidad debido a deficiencias en infraestructura, equipamiento y manejo del personal, especialmente en capacitación. Ahí es donde se tiene que avanzar.”
Una política obligatoria para todo el Estado
La nueva política será de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno y para los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento.
Su implementación estará a cargo de las entidades públicas competentes y se financiará con cargo a sus presupuestos institucionales, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.
El Ministerio de Vivienda liderará el seguimiento y la evaluación de los avances, además de coordinar la adecuación progresiva de planes, programas e instrumentos sectoriales para cumplir las metas trazadas hasta el 2050.
Con esta política, el Gobierno busca revertir una situación que todavía afecta a más de seis de cada 10 peruanos y mantiene amplias diferencias entre las zonas urbanas y rurales en el acceso a servicios básicos esenciales.
Finalmente, el especialista sostuvo que la prioridad debería centrarse en el fortalecimiento operativo del sistema: mayor presupuesto, ampliación de proyectos de saneamiento y contratación de profesionales especializados para la operación y supervisión de las plantas.
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