22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/06/2026
La denuncia constitucional interpuesta por el partido Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja ha generado diversas reacciones en el ámbito jurídico. Según el abogado constitucionalista Lucas Ghersi, esta acusación carece de los fundamentos legales necesarios para ser considerada válida en la actual coyuntura.
Esta medida surge tras los resultados electorales adversos para dicha organización política en el exterior. El especialista sostiene que el proceso de votación se desarrolló de manera absolutamente regular, cumpliéndose estrictamente con la cadena de custodia de las actas y el cómputo respectivo de votos.
El letrado enfatizó que no existen motivos válidos para atribuir al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores una infracción constitucional ni la comisión de algún delito. Según el experto, el partido político simplemente intenta cuestionar un proceso que concluyó de forma totalmente transparente y democrática.
«El problema principal de esta denuncia constitucional es que no tiene fundamento. No hay ninguna razón para acusar al canciller de una infracción constitucional ni mucho menos de cometer ningún delito. La elección en el extranjero se ha llevado a cabo de manera absolutamente regular», declaró.
Las impugnaciones presentadas por la agrupación política fueron desestimadas en diversas instancias previas a esta denuncia. Por esta razón, el constitucionalista sugiere que la actual maniobra legal carece de solidez jurídica, siendo calificada como un intento por cuestionar resultados ya definidos electoralmente.
La postura del especialista subraya que la integridad del proceso electoral en el extranjero fue preservada en todo momento. Asimismo, considera que las acciones legales emprendidas contra el funcionario público no poseen una base sustancial que justifique un procedimiento de esta naturaleza ante el Congreso.
Según el abogado, este tipo de acusaciones podrían ser vistas como un manotazo de ahogado y un acto de «piconería» ante la pérdida de los comicios. La intención sería afectar la reputación de una persona honorable mediante recursos que carecen de pies ni cabeza.
El sistema democrático exige que las denuncias constitucionales se basen en pruebas fehacientes y violaciones claras a la normativa vigente. La falta de estos elementos en este caso específico debilita la posición de los denunciantes, quienes no han logrado demostrar irregularidades en el trabajo realizado.
La denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por parte de Juntos por el Perú no cuenta con fundamentos legales sólidos, pues el proceso electoral en el extranjero respetó toda la normativa, siendo finalmente considerada por expertos como una medida sin sustento jurídico real.