Fujimorismo consuma ley de fuero militar

Junior, de ocho años, murió por un disparo policial en

En una democracia existe una sola justicia para todos los que habitan el territorio. Ese principio es la base sobre la que descansa la igualdad ante la ley. Cuando un ciudadano comete un delito, la justicia ordinaria lo procesa. Cuando un policía comete un delito, la justicia ordinaria también lo procesa.

Las justicias paralelas, diseñadas para que ciertos grupos sean juzgados por sus propios pares, son instrumentos históricos de impunidad, y el Perú los conoce bien desde los años en que los tribunales militares sin rostro garantizaban que los crímenes del Estado quedaran sin condena.

Junior tenía ocho años. El sábado por la noche viajaba con su madre en una mototaxi en la avenida Mercedes Indacochea de Huacho cuando un altercado entre el conductor y dos policías terminó con un disparo que le impactó en la cabeza. El domingo murió en el Hospital del Niño en Lima. El lunes, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley que permite que policías y militares investigados por delitos cometidos en funciones sean procesados en el fuero castrense y no en la justicia ordinaria. La secuencia no debe pasar desapercibida.

La Defensoría de la Policía confirmó que el suboficial Luis Nazario Chumbes no respetó el protocolo que dispone que el arma de fuego debe usarse únicamente como último recurso cuando la vida del agente o de terceros esté en peligro inminente. La madre de Junior lo dijo con palabras que el país debería recordar: era innecesario sacar el arma, ellas no eran una banda criminal, eran mujeres sin armas.

Al respecto, la Fiscalía de Huaura actuó con celeridad y solicitó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial. Eso es exactamente lo que la justicia ordinaria puede hacer cuando hay un crimen evidente.

Pero Junior no es el único caso. El 25 de abril, en Colcabamba, cinco jóvenes murieron baleados por la PNP cuando regresaban de un partido de fútbol. El fiscal especializado en Derechos Humanos imputó a los efectivos homicidio calificado por empleo arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal. Ese caso también está en el Poder Judicial y la nueva ley ordena archivar los procesos ordinarios cuando exista una investigación paralela en el fuero castrense.

Como era de esperarse, Balcázar dejó pasar el plazo constitucional sin observar la autógrafa y Rospigliosi la promulgó el lunes. Asociaciones multilaterales como

Human Rights Watch advirtieron que la ley equivale a un cheque en blanco para que miembros de la Policía cometan nuevas violaciones de derechos humanos. El nuevo gobierno y sobre todo el nuevo parlamento tiene la responsabilidad de impulsar su derogación. Por el bien de la justicia en el Perú.