El jefe del equipo de transferencia de la presidenta electa Keiko Fujimori, Marco Vinelli, solicitó al Gobierno saliente de José María Balcázar que se abstenga de realizar nuevas designaciones y nombramientos o asumir compromisos económicos innecesarios.
En una carta dirigida al premier Luis Arroyo titulada “solicitud de medidas de prudencia administrativas durante el proceso de transferencia gestión”, Vinelli afirma que el requerimiento tiene como objetivo “fortalecer la confianza pública y facilitar una adecuada continuidad de la gestión gubernamental”.
“Solicito respetuosamente que la Presidencia del Consejo de Ministros evalúe disponer que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones, modificaciones de la estructura organizacional o de asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario que no resulten estrictamente indispensables para garantizar la continuidad de los servicios públicos”, se lee en la misiva.

Vinelli dice que la excepción a su pedido serían aquellos nombramientos o acuerdo “que respondan a una obligación legal, mandato judicial, situación de emergencia o necesidad pública debidamente sustentada”.
“Esta solicitud se formula en atención a los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública que deben orientar el proceso de transferencia de gobierno”, dice el jefe del equipo de transferencia.
Pedido de Vinelli a la gestión saliente se presenta luego de que un informe de El Comercio diera a conocer que a menos de un mes del cambio de gobierno, la administración de Balcázar realizó 51 designaciones y reemplazos en ministerios, la PCM y otras entidades estatales.
Keiko Fujimori respaldó este miércoles a Marco Vinelli, su jefe del equipo de transferencia, pese a que el economista enfrenta una demanda del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que reclama una indemnización de 340.547 soles por daños y perjuicios.
“Le ratifico mi confianza porque es un profesional competente que goza de integridad y, sobre todo, que conoce el sector de la agricultura en la cancha”, declaró la presidenta electa durante una rueda de prensa tras una actividad con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Fujimori minimizó los cuestionamientos al señalar que “como todo funcionario siempre está expuesto a tener alguna denuncia”.
La demanda civil, según el expediente revisado por Infobae, tiene origen en la gestión de Vinelli como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. Junto a otros siete exfuncionarios de la institución, se le atribuye haber autorizado seis ampliaciones de plazo para una obra de riego en Apurímac sin respaldo técnico. La Contraloría determinó que esas ampliaciones se aprobaron por falta de respuesta o demoras institucionales.
Uno de los señalamientos más concretos indica que Vinelli notificó 35 días fuera de plazo una resolución sobre una prestación adicional de obra, lo que derivó en que el contratista obtuviera una tercera ampliación automática y generó un perjuicio al Estado de 82.936 soles.
El proceso judicial atravesó varios tropiezos. En noviembre de 2025, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima rechazó la demanda al considerar que Agro Rural pretendía un pago solidario de los 340.547 soles por parte de todos los involucrados, cuando la propia demanda individualizaba responsabilidades. Agro Rural apeló, pero la Primera Sala Laboral Permanente anuló todo el proceso al concluir que el fuero laboral no es competente en este tipo de casos. La sala estableció que, al tratarse de presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, corresponde a la justicia civil asumir el expediente.



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