ONU pide a la JNJ frenar procesos contra jueces que inaplicaron ley de impunidad sobre crímenes de lesa humanidad
Los relatores Bernard Duhaime y Margaret Satterthwaite expresaron su preocupación por las
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ONU pide a la JNJ parar sanciones contra jueces que inaplicaron leyes a favor de crímenes de lesa humanidad. Foto: difusión
Ariadna YayaEscucharResumenCompartir
La ONU pidió a la
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El comunicado fue firmado por Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados. Ambos señalaron que las autoridades peruanas deben garantizar condiciones para que los jueces ejerzan sus funciones sin presiones externas ni interferencias de carácter político.
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Los expertos expresaron además su respaldo a los jueces Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz. También mencionaron a los magistrados de la Corte Suprema que emitieron una resolución relacionada con el caso de las esterilizaciones forzadas. Según indicaron, estos jueces sostuvieron que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar sin sanción por el transcurso del tiempo.
La preocupación de Naciones Unidas también alcanza a dos normas aprobadas recientemente en el país. Una de ellas permite aplicar la prescripción a crímenes de lesa humanidad y de guerra. La otra concede amnistía a integrantes de las fuerzas de seguridad procesados por graves vulneraciones de derechos fundamentales. Ambas leyes ya habían sido observadas anteriormente por mecanismos internacionales de derechos humanos.
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ONU cuestiona que decisiones judiciales sean materia de sanción disciplinaria
En su pronunciamiento, los relatores indicaron que numerosos jueces rechazaron pedidos de amnistía y prescripción presentados en procesos por violaciones de derechos humanos. Para sustentar esas decisiones, recurrieron a obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano mediante tratados y convenios vigentes.
Sin embargo, varias de esas resoluciones quedaron bajo evaluación de la Junta Nacional de Justicia. Los expertos consideraron preocupante que el contenido de fallos judiciales termine sometido a procedimientos disciplinarios, debido al impacto que ello puede tener en la actuación de otros magistrados.
«La apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces por aplicar el derecho internacional de los derechos humanos socava gravemente la independencia judicial y representa un serio retroceso para el acceso a justicia de las víctimas», afirmaron los especialistas en el documento.
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Relatores recuerdan obligaciones internacionales del Estado peruano
Los expertos señalaron que las normas internacionales establecen criterios estrictos para la suspensión o destitución de jueces. De acuerdo con esos estándares, una sanción solo puede aplicarse por faltas graves o por incapacidad comprobada, mediante procedimientos imparciales y con garantías de debido proceso.
Asimismo, recordaron que el derecho internacional prohíbe medidas que impidan investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad. En esa línea, remarcaron que los Estados tienen el deber de asegurar mecanismos efectivos para que las víctimas accedan a verdad, justicia y reparación.
Por ello, exhortaron al Perú a revisar las disposiciones que han generado cuestionamientos dentro y fuera del país. También solicitaron fortalecer las garantías para que los operadores de justicia puedan resolver casos complejos sin temor a represalias.
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ONU menciona el caso del juez Oswaldo Ordóñez
El comunicado también recuerda el caso del juez Oswaldo Ordóñez, quien no fue ratificado por la Junta Nacional de Justicia después de participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación ya había sido observada anteriormente por expertas de Naciones Unidas.
Para los relatores, este antecedente evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para magistrados que intervienen en procesos relacionados con derechos humanos. La independencia judicial, señalaron, constituye un elemento esencial para el funcionamiento del Estado de derecho.
Finalmente, los expertos informaron que mantienen comunicación con el Gobierno peruano sobre estas preocupaciones. Además, reiteraron su disposición para brindar asistencia técnica a las instituciones nacionales con el fin de asegurar que las leyes y políticas públicas sean compatibles con los compromisos internacionales asumidos por el Perú.
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