Claudia Cisneros rechaza denuncia de la Procuraduría en su contra: «No aceptaré que se criminalice mi actividad»
La periodista calificó como un acto de persecución política la
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Periodista se pronunció sobre denuncia en su contra. Foto: captura de pantalla
Ariadna YayaEscucharResumenCompartir
La periodista
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La comunicadora forma parte del grupo de ciudadanos denunciados por la Procuraduría debido a sus pronunciamientos relacionados con las movilizaciones convocadas tras la segunda vuelta electoral. Entre los señalados también figuran dirigentes políticos, activistas y otras personalidades que expresaron su respaldo a las protestas impulsadas por sectores vinculados a Juntos por el Perú.
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En su pronunciamiento, Cisneros sostuvo que expresar opiniones políticas, cuestionar a las autoridades, advertir sobre riesgos para la democracia o respaldar manifestaciones pacíficas no constituye un delito. Por el contrario, remarcó que se trata de derechos fundamentales reconocidos por la legislación peruana y los estándares internacionales de derechos humanos.
La periodista también manifestó su preocupación por el hecho de que una institución del Estado impulse acciones penales contra ciudadanos por sus opiniones.
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Claudia Cisneros acusa intento de intimidar a voces críticas
En el comunicado, Cisneros afirmó que la denuncia representa un intento de intimidación contra quienes mantienen posiciones críticas frente al poder. A su juicio, investigar a ciudadanos por expresar opiniones o respaldar acciones democráticas y pacíficas no responde a la defensa del orden público, sino a una práctica que busca restringir el disenso.
Asimismo, rechazó la interpretación realizada sobre sus declaraciones públicas. Explicó que sus comentarios formaron parte de análisis políticos sobre posibles escenarios frente a la crisis de confianza que atraviesa el país y que utilizó recursos retóricos para describir eventuales reacciones ciudadanas.
«Presentar ese tipo de opiniones o análisis como si constituyeran instrucciones, incitaciones o llamados a la violencia supone una interpretación forzada», señaló en el documento. También sostuvo que esa lectura desconoce el contexto de sus palabras y las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.
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