En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de
El actual Gobierno lleva cuatro años poniendo a prueba los límites de la Constitución de 1991. A pesar de todas sus imperfecciones, esa Carta Magna dotó a Colombia de un poder judicial independiente, un sistema de controles y contrapesos que funciona y un marco para el pluralismo político que sobrevivió a décadas de terrorismo. Los esfuerzos del Gobierno de Petro por intimidar a los tribunales, copar los organismos reguladores y gobernar por decreto cada vez que el Congreso se negaba a acatar sus órdenes no son meras expresiones de desacuerdo político. Reflejan una disposición autoritaria que considera las restricciones institucionales como obstáculos en lugar de como los cimientos de la propia república.
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Pero el argumento institucional es solo una parte de la historia. Estas elecciones también plantean a los colombianos una elección fundamental entre la impunidad y la legalidad. Entre 2014 y 2018, bajo el Gobierno de mi predecesor en la presidencia,
Colombia no necesita otra negociación —como promete Cepeda mediante la continuación de la política de “Paz Total” del Sr. Petro— que anteponga la comodidad de los actores armados a los derechos de sus víctimas. Necesita un Estado que castigue a los delincuentes en lugar de recompensarlos.
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Más allá de las instituciones y la legalidad se encuentra una tercera cuestión igualmente decisiva para el futuro del país:
La historia reciente de Colombia ofrece un contraste revelador. El Gobierno de 2018-22 que yo dirigí logró la tasa de crecimiento anual más alta de la historia moderna de Colombia, a medida que la economía se recuperaba de la pandemia de la COVID-19. También logramos la mayor reducción de la pobreza “multidimensional” desde que se iniciaron los registros de este indicador —que tiene en cuenta más aspectos que los meros ingresos— una década antes. Además, a pesar de haber cuestionado aspectos fundamentales del acuerdo de paz de 2016, dio prioridad a la responsabilidad institucional por encima de todo lo demás. Respetó el orden constitucional, observó la ley y aplicó los acuerdos de paz, habiendo heredado restricciones presupuestarias, lagunas institucionales y una presencia estatal limitada en las regiones más afectadas por la criminalidad.
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A pesar de esas condiciones,
Colombia no puede permitirse un modelo de consolidación de la paz que anteponga el aplauso internacional a la seguridad de sus ciudadanos. No debe sacrificar la capacidad institucional para apaciguar a los grupos armados con la esperanza de conseguir un Premio Nobel o un titular halagador en el extranjero. Ese enfoque ya le ha costado muy caro al país. En 2015, la suspensión de la erradicación aérea de cultivos ilícitos, justificada por motivos sanitarios y medioambientales que nunca se demostraron rigurosamente, coincidió con un aumento explosivo y sostenido del cultivo de coca y la producción de cocaína. La paz basada en la retirada del Estado de su propio territorio no es paz en absoluto, sino el aplazamiento de la guerra, que pagarán los futuros gobiernos y las futuras generaciones.
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Colombia se enfrenta ahora a una decisión histórica. Tras cuatro años de decadencia institucional, imprudencia fiscal y deterioro de las condiciones de seguridad, el país tiene la oportunidad de cambiar de rumbo. Las elecciones de 2026 van más allá de las inclinaciones políticas de uno u otro candidato. Se trata de una decisión sobre el país que los colombianos quieren construir para sus hijos, y sobre la solidez de las instituciones que harán posible ese futuro.
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