El domingo por la tarde, sicarios dispararon contra
El asesinato de Bravo no es un hecho aislado dentro de la propia Fiscalía en Manta. Es el tercero en esa ciudad en un período de tres años. En mayo de 2022, la fiscal
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Bravo tenía a su cargo, entre otras causas, la investigación del incendio que el pasado 6 de junio destruyó 35 embarcaciones pesqueras en el puerto de Manta. El siniestro causó pérdidas estimadas en al menos 30 millones de dólares y dejó a dos trabajadores hospitalizados en estado crítico con quemaduras en más del 85% de sus cuerpos. La Unidad de Asuntos Acuáticos de la Fiscalía abrió una causa penal con dos sospechosos identificados, mientras persisten versiones contradictorias sobre el origen del fuego. Las circunstancias del atentado contra Bravo no permiten establecer todavía si su muerte guarda relación con ese expediente o con alguno de los otros casos de crimen organizado que tenía abiertos.
Manta es uno de los bastiones históricos de Los Choneros, la organización criminal considerada la más poderosa y violenta del país. Su líder, Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fue recapturado el 25 de junio de 2025 en un búnker bajo una vivienda en Montecristi, localidad contigua a Manta, y extraditado a Estados Unidos el 20 de julio. Enfrenta cargos federales en Nueva York por conspiración para la distribución internacional de cocaína, tráfico de armas y delitos conexos, con penas que pueden llegar a cadena perpetua.
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La captura de Macías no ha traído calma a la ciudad. La estructura descentralizada de Los Choneros mantiene la presión sobre operadores judiciales, testigos y autoridades locales. La organización tiene un historial documentado de ataques sistemáticos contra fiscales, jueces, policías y políticos. La muerte de Bravo se inscribe en esa lógica de intimidación.
Ecuador atraviesa desde 2022 una escalada de violencia que ha transformado su perfil de seguridad. Más del 70% de la cocaína producida en el mundo transita por sus puertos, según datos del propio gobierno. El presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 un “conflicto armado interno” y ordenó la intervención militar directa contra las bandas, una política que ha permitido capturas de alto perfil pero no ha frenado los asesinatos de funcionarios judiciales.
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Fiscales, jueces y defensores que trabajan en zonas controladas por el narcotráfico lo hacen con protección insuficiente y sin mecanismos efectivos de reubicación ante amenazas. El asesinato de Alexandra Bravo vuelve a señalar esa grieta: mientras el Estado despliega fuerza contra las cúpulas del crimen, quienes sostienen la cadena de investigación y procesamiento siguen expuestos en el terreno.
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