07/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/10/2026
El panorama legal para Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podría complicarse aún más esta misma semana con la formulación de nuevos cargos por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses en Venezuela.
De acuerdo con un reporte de CNN, fiscales en Nueva York se encuentran evaluando presentar acusaciones formales relacionadas con los abusos sufridos por más de una docena de estadounidenses que permanecieron bajo custodia del régimen venezolano. Según fuentes familiarizadas con la investigación, el anuncio oficial podría concretarse este mismo jueves.
Esta posible expansión del expediente se produce mientras Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión de Nueva York, tras haber sido capturados en enero durante una operación militar estadounidense desplegada en Caracas.
Hasta el momento, ambos se han declarado inocentes de los cargos iniciales, que incluyen la conspiración para cometer narcoterrorismo, y continúan bajo estricta custodia sin derecho a fianza. En paralelo, la defensa de Flores tiene programada una audiencia para este jueves, en la cual buscará que se le conceda el beneficio de arresto domiciliario mientras avanza el complejo proceso judicial.
Las nuevas acusaciones tienen como principal sustento los crudos relatos de ciudadanos estadounidenses que estuvieron encarcelados en el país sudamericano. Entre los casos más destacados figuran los de Matthew Heath, un ex integrante de la Infantería de Marina que incluso intentó quitarse la vida durante su encierro, y Osman Khan.
Ambos fueron liberados en octubre de 2022 mediante un intercambio de prisioneros y, posteriormente, entablaron una demanda civil alegando haber sido sometidos a descargas eléctricas, aislamiento y amenazas de violencia sexual.
A estos testimonios se suman los de los ejecutivos petroleros conocidos como los CITGO 6, detenidos en 2017, de los cuales Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano han declarado formalmente haber sido víctimas de tortura.
Las denuncias de los afectados apuntan directamente a las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo estatal donde varios de estos ciudadanos estuvieron recluidos. Investigaciones internacionales previas, incluyendo un contundente informe elaborado por las Naciones Unidas, han señalado a la DGCIM por utilizar métodos de tortura de manera recurrente y sistemática.
Entre las prácticas documentadas para obtener información, intimidar o castigar a los detenidos, se describen golpes continuos, asfixia, violencia sexual, privación de alimentos y agua, así como la exposición a temperaturas extremas.
Las graves denuncias no solo añaden un fuerte componente de presuntas violaciones a los derechos humanos al caso de narcoterrorismo ya existente, sino que reafirman el enfoque de los fiscales de Nueva York en investigar y penalizar a la cadena de mando señalada como responsable de estos abusos.
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