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Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda donde había vivido durante las últimas siete décadas, falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según informó el Sindicato de Inquilinas.
La mujer había sido expulsada de su domicilio el pasado 23 de septiembre, en el distrito madrileño de Retiro, en un procedimiento que se extendió durante varias horas y que terminó con su traslado en ambulancia al recinto asistencial. Su caso provocó una ola de solidaridad y movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda.
Aunque días después del desahucio se alcanzó un acuerdo que le permitía regresar a su casa, el Sindicato de Inquilinas lamentó que la solución llegara “demasiado tarde” para Maricarmen, quien permanecía hospitalizada y cuyo estado de salud era delicado.
Maricarmen residió durante aproximadamente siete décadas en la vivienda ubicada en el distrito de Retiro. La mujer tenía una discapacidad del 50% y movilidad reducida, antecedentes que habían sido parte de la preocupación manifestada por su entorno durante el proceso de desahucio.
Tras ser expulsada del inmueble, fue evacuada en camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Desde allí, alcanzó a enviar mensajes en los que agradeció el respaldo recibido y llamó a otras personas a organizarse para defender su derecho a una vivienda: “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”, había señalado.
También cuestionó la situación relacionada con los llamados fondos buitre y pidió que quienes seguían su caso continuaran defendiendo el derecho a la vivienda.
El 28 de septiembre, pocos días después del desahucio, los representantes de Maricarmen y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, empresa propietaria del inmueble, alcanzaron un acuerdo para que la mujer pudiera regresar a la vivienda.
La negociación contó con la mediación del Ayuntamiento de Madrid, mediante el Servicio de Intermediación del Alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
El acuerdo contemplaba que Maricarmen pudiera volver al inmueble con un alquiler ajustado a sus ingresos. Mientras permanecía hospitalizada, la mujer manifestó su deseo de recibir el alta médica cuanto antes para regresar a la que había sido su casa durante más de 70 años.
Su abogada, Beatriz Duro, había calificado el acuerdo como un posible “hito histórico”, atribuyendo parte del desenlace a la presión social generada alrededor del caso.
Tras conocerse la muerte de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas cuestionó que el acuerdo alcanzado con la empresa propietaria no haya llegado a tiempo para que pudiera regresar a su vivienda.
La organización sostuvo que la mujer vivió “una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante” y lamentó que la solución alcanzada después del desahucio no pudiera concretarse mientras ella aún estaba con vida: “Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen”, señaló el Sindicato de Inquilinas.
La organización recordó además una de las frases que, según indicaron, la mujer repetía durante su lucha: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.
“Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”, añadió el colectivo.
La situación de Maricarmen generó una amplia movilización social y pasó a convertirse en uno de los casos más visibles de las reivindicaciones por el acceso a la vivienda en España. Según el Sindicato de Inquilinas, los acontecimientos posteriores a su desahucio marcaron “un antes y un después” y contribuyeron a que la problemática habitacional adquiriera un lugar central en el debate público.
El caso también tuvo repercusiones políticas. Tras las protestas generadas por el desahucio, el Gobierno impulsó dos decretos relacionados con vivienda, que no fueron convalidados por el Congreso de los Diputados el pasado viernes.
Posteriormente, el Ejecutivo volvió a aprobar los decretos en el Consejo de Ministros y busca ahora que al menos uno de ellos pueda ser aprobado durante el periodo de interinidad legislativa. Para el Sindicato de Inquilinas, sin embargo, el costo de que el problema de la vivienda llegara al centro de la discusión pública fue demasiado alto.
La muerte de Maricarmen, ocurrida apenas dos semanas después de su desahucio, cierra una historia que comenzó con la pérdida de su vivienda y que terminó convirtiéndola en uno de los rostros más reconocibles de la lucha por el derecho a la vivienda en Madrid.
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