Estados Unidos, Perú y otros 13 países miembros del Escudo de las Américas, anunciaron sus primeras decisiones vinculadas con la seguridad del hemisferio. En un comunicado conjunto, los integrantes del grupo expresó su intención de coordinar sanciones contra 24 organizaciones narcoterroristas que tengan operaciones criminales en cualquiera de estos países.
Según el documento difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la coalición mencionó tres potenciales “castigos” no solo para los integrantes de estos grupos criminales, sino también para quienes sean considerados como sus “asociados y colaboradores”: congelamiento de activos, restricciones migratorias y posibles responsabilidades penales.
La iniciativa busca enfrentar una amenaza que los gobiernos consideran inmediata para la paz, la seguridad y la prosperidad del hemisferio occidental. Según el comunicado, los países plantearon que la cooperación deberá ajustarse a sus respectivas obligaciones jurídicas nacionales e internacionales.
La lista de grupos criminales calificados como “narcoterroristas” según el Escudo de las Américas incluye a 24 organizaciones, de las cuales cinco tienen algún tipo de actividad ilícita desarrollándose en el Perú: Tren de Aragua, Los Choneros, Comando Vermelho, Sendero Luminoso y Los Tiguerones.
- Mara Salvatrucha (MS-13)
- Tren de Aragua
- Cárteles Unidos
- Cártel del Golfo
- La Nueva Familia Michoacana
- Cártel del Noreste
- Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cártel de Sinaloa
- Gran Grif
- Viv Ansanm
- Los Lobos
- Los Choneros
- Barrio 18
- Cártel de los Soles
- Clan del Golfo
- Primer Comando de la Capital
- Comando Vermelho
- Chone Killers
- Los Viagras
- Cártel de Juárez (La Línea)
- Grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluidos las FARC-Estado Mayor Central, las FARC-Segunda Marquetalia, sus alias, afiliados y grupos sucesores
- Ejército de Liberación Nacional (ELN)
- Sendero Luminoso
- Los Tiguerones
Los países participantes planean presentar una solicitud formal al presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que convoque una reunión de consulta.
El objetivo es decidir la creación de un Órgano de Consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR o Tratado de Río.
Si se convoca formalmente a ese órgano, los gobiernos prevén participar a nivel ministerial para analizar una resolución que promueva y facilite medidas colectivas contra las organizaciones señaladas. Los Estados del Escudo que no integran actualmente el TIAR respaldaron la iniciativa y expresaron su intención de contribuir dentro de los límites de sus obligaciones legales y de las reglas del mecanismo.
Las medidas que cada país considera aplicar incluyen congelamientos de activos y restricciones de migración y visado para integrantes, asociados y colaboradores de los grupos. También prevén responsabilidad penal para quienes, a sabiendas, proporcionen apoyo material o logístico.
La cooperación proyectada abarca más que un intercambio de inteligencia, acceso a tecnologías y capacidades de seguridad cuando corresponda, capacitación de recursos humanos y difusión de prácticas compartidas. Los participantes también buscan profundizar la coordinación de inversiones, economía y posiciones comunes en foros regionales y multilaterales.
“Defendemos nuestras economías fortaleciendo la cooperación económica; explorando mecanismos de control de inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes de abastecimiento diversificadas y confiables; y promoviendo regulaciones para proveedores de confianza en infraestructura digital, aplicadas sin discriminación. Reconocemos que la seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que ingresa a nuestros países es transparente y verificable”, indica el comunicado del grupo liderado por Estados Unidos.
Los gobiernos afirmaron que la soberanía económica requiere capital transparente y verificable, además de desarrollo, empleos estables y oportunidades para la población.
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