Estados Unidos sancionó este martes a
Las sanciones implican el
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El
El documento de OFAC especifica además que la autorización no habilita operaciones con otras personas sancionadas bajo el mismo régimen. La licencia identifica expresamente a Akane y Seye y extiende las restricciones a compañías en las que cualquiera de ellos posea, directa o indirectamente, al menos el 50% de participación.
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La medida se produce en medio del enfrentamiento entre Washington y la CPI por el alcance de las investigaciones y decisiones del tribunal. La corte fue creada mediante el
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, la competencia de la CPI puede abarcar determinados crímenes cometidos en el territorio de países que sí reconocen la jurisdicción del tribunal, incluso cuando los presuntos responsables sean ciudadanos de Estados que no pertenecen a la institución.
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Ese punto es especialmente relevante para Washington, que mantiene desde hace años una posición de rechazo frente a determinadas actuaciones de la corte. La administración Trump ha cuestionado tanto las investigaciones relacionadas con ciudadanos estadounidenses como las decisiones vinculadas con Israel.
Las tensiones aumentaron después de que la CPI emitiera
El Gobierno estadounidense también ha planteado ampliar la presión internacional sobre la CPI. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó recientemente que Washington buscaría impulsar una campaña diplomática para convencer a otros países de abandonar el organismo.
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La ofensiva no se limita a funcionarios de la Fiscalía. Las medidas adoptadas durante el último año alcanzaron también a jueces de la corte, y tres magistrados recurrieron judicialmente las sanciones ante tribunales estadounidenses, al sostener que las disposiciones de la administración Trump eran ilegales.
La inclusión de Akane, máxima autoridad judicial de la CPI, eleva ahora el nivel institucional del enfrentamiento. La sanción afecta directamente a quien ocupa la presidencia del órgano encargado de administrar el funcionamiento de la corte y representa una nueva utilización de las herramientas financieras estadounidenses contra sus integrantes.
El régimen aplicado por OFAC se suma así a una estrategia que Washington presenta como una defensa frente a actuaciones de la CPI que considera contrarias a sus intereses y a los de sus aliados. Para la corte, el conflicto plantea el desafío de mantener sus procedimientos frente a presiones provenientes de un país que no es miembro del Estatuto de Roma, pero cuya influencia financiera internacional permite que las sanciones tengan consecuencias más allá de sus fronteras.
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