Fiscalía inicia investigación preliminar en contra del diputado Julián Pérez por agresión física
El fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova dispuso 15 diligencias urgentes, entre ellas el examen médico legal a la víctima y la declaración del legislador de
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Diputado de Juntos por el Perú es acusado de agresión física. Foto: composición LR
Ariadna YayaEscucharResumenCompartir
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Diputado de Juntos por el Perú permanece detenido desde este jueves 30 de julio. Foto: La República
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El caso no empezó en la Fiscalía Suprema. Primero lo tuvo una fiscalía especializada en violencia contra la mujer de Lima Centro. El fiscal a cargo, Dany Domingo Irrazabal Bardales, revisó el expediente un día antes, el 30 de julio, y determinó que no podía seguir investigando porque el denunciado es congresista. Por eso envió el caso a la Fiscalía Suprema de Familia, la única con facultad para investigar a un parlamentario en este tipo de casos.
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Pérez Mallqui permanece detenido en la comisaría de San Miguel desde la mañana del jueves. Los policías lo intervinieron tras una denuncia de Bonilla Valerio, su expareja. La denuncia original fue por violencia psicológica. Mientras la mujer esperaba en la comisaría, los agentes escucharon ruido en la oficina donde el parlamentario aguardaba sentado. Al acercarse, encontraron a Pérez Mallqui golpeándola. El comisario a cargo notó marcas en los brazos de la víctima y ordenó la detención inmediata del legislador.
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Lo que la Fiscalía Suprema ordenó investigar
El fiscal fijó un plazo de 15 horas para cumplir con todas las diligencias. La Policía debe tomar la declaración de los agentes que intervinieron a Pérez Mallqui y buscar a testigos de lo ocurrido. También tiene que revisar el lugar de los hechos y pedir las cámaras de seguridad, si existen. El documento pide, además, que Bonilla Valerio cuente con detalle cómo ocurrieron las agresiones y qué relación tuvo con el investigado.
El fiscal Arce Córdova pidió dos exámenes médicos en paralelo: uno para revisar el estado físico de la mujer agredida y otro para el propio detenido, este último para comprobar la versión de la Policía. A eso se suma una evaluación psicológica para la víctima y una ficha que mide el riesgo de que la violencia continúe. El Centro de Emergencia Mujer de la zona también debe atenderla de manera integral.
El documento precisa que la situación del diputado detenido se definirá recién cuando terminen todas estas diligencias y la Policía entregue su informe. Antes de eso, la fiscalía pidió revisar los antecedentes judiciales, penales y policiales de Pérez Mallqui, y también copias de cualquier medida de protección que haya existido antes entre las partes. Los documentos principales del caso irán también a un juzgado de familia, que deberá decidir si dicta medidas de protección para la denunciante.
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Juntos por el Perú evaluará la máxima sanción contra su diputado
La bancada de Juntos por el Perú emitió un comunicado oficial horas después de la detención. En el texto rechazó «toda forma de violencia» y remarcó su compromiso con el debido proceso. Anunció también que hará seguimiento cercano a las diligencias fiscales y que evaluará medidas disciplinarias internas según lo que arroje la investigación.
El senador Jaime Quito dijo a RPP que la bancada no sabía nada de la denuncia ni de la detención hasta que el caso se hizo público. Pidió que los hechos se esclarezcan por completo y que la investigación termine lo antes posible. El senador Víctor Cutipa fue más directo: calificó el caso como «cuestionable y, si quieres, condenable» en términos generales, aunque prefirió no adelantar una postura sobre los hechos concretos hasta conocer más detalles.
El diputado Ernesto Zunini, vocero de la bancada, fue quien tomó la posición más firme. Adelantó que Juntos por el Perú pedirá la máxima sanción contra Pérez Mallqui si se confirma la agresión física o psicológica. Contó también que un abogado del partido ya se apersonó a la comisaría de San Miguel para conocer el caso de cerca. La bancada tiene previsto reunirse para definir los siguientes pasos, entre ellos la conformación de una comisión de Ética que evalúe una eventual suspensión mientras dure la investigación.
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